ARCADI ESPADA
Una defensa, y no la menos inteligente, de la excarcelación del terrorista De Juana fue la de que así se salvaban vidas, incluida la suya. El Gobierno se apresuró a confirmarlo, casi con certeza empírica, exponiendo los supuestos planes de algunos etarras en el caso de que De Juana muriese. Entre los planes estaba el asesinato de un policía. La defensa tenía, no obstante, algunos problemas lógicos. Uno, que el terrorista era responsable de su salud y por tanto obligaba al Estado a la piedad, un honorable sentimiento escasamente compatible con la coerción. El segundo problema es que, como acostumbra a suceder con el chantaje, el del terrorista De Juana era sólo un eslabón de una larga cadena: ahora los terroristas amenazan con la muerte si Batasuna no puede presentarse a las elecciones, y el Estado tiene dificultades para justificar su negativa a interpretar la ley en un modo laxo y negociador, como hizo con el preso excarcelado.
Pero una suprema bofetada a la tesis de las vidas salvadas, y un episodio de áspera meditación sobre las relaciones entre el Estado y los ciudadanos venía ayer descrita, en estas páginas, por el periodista Pedro Simón. Veintinueve presos, a los que se llama comunes porque aún debe de haber políticos, iniciaron una huelga de hambre en cuanto vieron el beneficio que el terrorista De Juana había obtenido con la suya. Bastantes ya la han abandonado, pero varios siguen con ella. Y en algún caso su estado de salud empieza a ser preocupante. La cuestión es obvia: si alguno de ellos se obstinara, siguiera radicalmente el ejemplo denunciado y se pusiera en peligro de muerte y... ¿Dónde, en qué lugar moral, se alojaría la actitud de todos aquéllos que celebraron la solución del caso De Juana, porque se salvaron vidas? Pero la noticia trae algo más que el anuncio de esos presos que pueden morir de este modo oportunista, para decirlo al modo de las infecciones que se aprovechan de las bajas defensas del enfermo, es decir del Estado. El añadido impresionante son los presos que ya han muerto antes y durante De Juana, y cuyo estado de salud aconsejaba la excarcelación. Un mínimo de 50 durante el año 2006, según los cálculos de este diario. A ese estado de salud, por supuesto, no les había llevado su voluntad, ni la necesidad de mantener un pulso con el Estado. Ni siquiera el pulso consigo mismos. Sólo la enfermedad y otros desvalimientos.
No sé cuántas vidas habrá salvado la excarcelación del terrorista De Juana. Ni cuántas muertes puede facilitar o decidir. Son los altos funcionarios quienes deben dedicarse a estos cálculos, en los sumideros correspondientes. Pero lo cierto es que la razón de Estado asociada al caso De Juana sólo se aprecia en toda su intensidad a la vista de este medio de centenar de cadáveres que sacaron el otro año de las cárceles de España.
(Coda: « La razón de Estado es una razón misteriosa inventada por la política para autorizar lo que se hace sin razones.» (Charles Marguetel de Saint-Denis, seigneur de Saint-Évremond)
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