Por el momento, el Gobierno admite que no es posible actuar legalmente contra la supuesta nueva marca electoral del entorno etarra.

A día de ayer, el Ejecutivo no había encontrado ningún indicio que le permita intervenir contra Acción Nacionalista Vasca (ANV), según fuentes oficiales. Este partido, fundado en 1930 e inscrito en el registro del Ministerio del Interior hace hoy 30 años justos, presentó el jueves los papeles en las Juntas Electorales para concurrir a las municipales y forales del 27 de mayo.

Todo parece indicar que podría ser utilizada por Batasuna como plataforma que asegure la presencia de la izquierda abertzale en los ayuntamientos.

«ANV es un partido que cumple inicialmente con todos los requisitos legales, entre ellos la condena explícita de la violencia», aseguró la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigan desde el jueves este partido a petición del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado. Su condición de partido legalmente inscrito hace casi imposible que pueda promoverse ahora su ilegalización, como ocurrió con el PCTV. Sus estatutos rechazan la violencia y la investigación se centra en determinar si sus directivos o quienes promovieron las candidaturas ante las Juntas Electorales tienen vínculos con ETA o Batasuna.

En principio, no se ha hallado ningún indicio de esa relación, según fuentes del Gobierno. El informe definitivo estará concluido la próxima semana.

También se buscan, hasta ahora infructuosamente, procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional que afecten a este partido y que estén vinculados a asuntos de terrorismo.

Otra dificultad para promover la ilegalización es que el Estado le concedió en 2001, cuando gobernaba el PP, una indemnización de 695.000 euros por el patrimonio histórico que le fue incautado por la Guerra Civil.

El pasado 27 de febrero, el diputado del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo, habló de este partido en el Pleno del Congreso y dijo: «A 31 de diciembre del año 2005, Acción Nacionalista Vasca, un partido que en este momento está prácticamente inactivo, percibió 695.000 euros».

La única vía que contempla el Gobierno para actuar contra esta formación es impugnar sus candidaturas una vez que se presenten antes de la fecha límite del 23 de abril. Esa misma lupa, según la expresión reiterada del Gobierno, es la que se aplicará con todas las agrupaciones de electores que está promoviendo en este momento Batasuna.

La Ley de Partidos permite actuar contra formaciones que, en fraude de ley, supongan una continuidad en la actuación de una formación ilegalizada. Si la Fiscalía o la Abogacía del Estado encuentran candidatos vinculados a Batasuna que puedan determinar que ANV ha sido utilizada por esta formación para burlar la ley, podrá pedir la impugnación de las candidaturas.

Si se encontraran esos datos para probar los vínculos con Batasuna, no sería preciso un procedimiento de ilegalización, sino que se pediría el inicio de un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna. En todo caso, la vicepresidenta primera del Gobierno reiteró ayer que se está investigando a este partido y, por si acaso, insistió en que el Ejecutivo intentará impedir ese fraude de ley.

«Les aseguro que en este caso, como en todos, el Gobierno aplicará a rajatabla la Ley de Partidos», aseguró Fernández de la Vega.

El Gobierno considera que Batasuna despliega una estrategia compleja con iniciativas alternativas y sucesivas para buscar los huecos de la Ley de Partidos, su difícil aplicación y las restricciones que impuso el Tribunal Constitucional.