Así lo ha trasladado por escrito al Congreso, en una respuesta parlamentaria al Partido Popular. En concreto, el Ejecutivo indica que desde febrero de 2006 hasta el momento de la firma del escrito, el pasado 3 de abril, «no se ha concedido ningún beneficio penitenciario». Entre estas fechas, el Gobierno decidió aplicar la prisión atenuada al terrorista de ETA mientras se encontraba en huelga de hambre exigiendo al Gobierno de Zapatero su inmediata puesta en libertad.

El Ejecutivo, tras recibir el informe del centro penitenciario, clasificó a este preso en ese régimen especial. Todos los expertos del ámbito carcelario sostienen que la aplicación de este grado es un «beneficio penitenciario».

El preso estaba internado en el hospital madrileño 12 de Octubre. Tras esta decisión del Ejecutivo, fue enviado al hospital Donostia de San Sebastián, donde se está recuperando tras abandonar la huelga de hambre. Una vez recuperado, la intención del Ejecutivo es enviarle a su casa a cumplir el resto de la condena por enaltecimiento del terrorismo con un control telemático, una pulsera que permite a los responsables penitenciarios conocer su localización.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, argumentó que la aplicación de este tratamiento a De Juana se debía, fundamentalmente, a razones humanitarias, y que si el preso hubiera continuado con su huelga de hambre, habría muerto.

Tras la comparecencia del ministro, el Partido Popular presentó una batería de preguntas parlamentarias al Ejecutivo para que aclarara la excarcelación del etarra, condenado por 25 asesinatos.

Además de negar en todo momento que el Ejecutivo hubiera llevado a cabo beneficios penitenciarios, defendió la independencia del Ministerio Fiscal en toda la actuación sobre el caso de este terrorista. En sus respuestas, el Gabinete de Zapatero se desmarca de todas las actuaciones del Ministerio Público. «El Gobierno es plenamente respetuoso con la autonomía funcional del Ministerio Fiscal que aparece reconocida en el artículo 8 de su estatuto orgánico y con el principio de imparcialidad», indica en las respuestas parlamentarias a los diputados populares Alicia Sánchez-Camacho y Alejandro Ballesteros.

De Juana inició su última huelga de hambre el 7 de noviembre del pasado año y la finalizó el 1 de marzo, justo el mismo día que el Gobierno le aplicó la situación penitenciaria extraordinaria. Desde entonces permanece en el hospital Donostia de San Sebastián, donde aún se recupera de los efectos de la huelga de hambre desde hace ya casi mes y medio. En cuanto a la situación de este interno en el hospital, el Gobierno admite que «las personas que lo visitan, su número y los horarios son fijados por los responsables del hospital en función del estado de salud del penado y los criterios médicos y las necesidades establecidas por los responsables policiales para garantizar la seguridad ciudadana».

El Ejecutivo ha contestado a más de una quincena de preguntas presentadas por el Grupo Popular tras la comparecencia del ministro del Interior en el Parlamento donde explicó las razones humanitarias del Gobierno para otorgar la situación penitenciaria especial al etarra De Juana.

En otra de las respuestas, el Ejecutivo de Zapatero asegura que, ya desde el 3 de abril, únicamente un especialista de medicina interna atiende a este preso de forma habitual. El resto de la atención corre a cargo del servicio de enfermería.

Fuentes cercanas al hospital indicaron a este periódico que la situación médica de De Juana ha mejorado sensiblemente desde que puso fin a la huelga de hambre y es muy probable que en pocas semanas abandone el hospital y sea trasladado a su casa.