La ciudad tinerfeña de Garachico será escenario, el próximo miércoles, de un doble reto político planteado por el PP. Ese día, los populares presentarán la única candidatura íntegramente compuesta por mujeres, y lo harán con la presencia del presidente regional, José Manuel Soria, y de la secretaria ejecutiva de Política Social, Ana Pastor, con la que la dirección nacional del partido pretende simbolizar su implicación y su apuesta política. No en vano, la candidatura fue una de las primeras en pasar el filtro del Comité Electoral Nacional, reunido anteayer en Madrid.
El reto electoral es, en todo caso, sólo el más cortoplacista de cuantos plantea el PP con este cartel que lo convierte en único en todo el territorio nacional. Más interesante, si cabe, es el reto que dicha lista plantea a la recién aprobada Ley de Igualdad.
Desde el 23 de marzo en que dicha ley se publicó en el BOE con su previa oposición en el Parlamento, los populares han venido descartando un recurso de inconstitucionalidad similar al que plantearon en su día frente a la del matrimonio gay o la del Estatuto de Cataluña. Sin embargo, tras la irrupción de la lista de Garachico, no faltan en la cúpula del partido quienes admiten no renunciar en absoluto a promover un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre dicha ley si la candidatura resulta impugnada.
Si bien nadie quiere desvelar sus planes, los populares aseguran que hay «cauce» para ello una vez que la Junta Electoral rechazara la lista, y el Tribunal Superior resolviera el correspondiente recurso. La razón que aportan es clara: «Porque afecta a derechos fundamentales», dicen, en relación con la protección de la Carta Magna a la igualdad de derechos entre hombre y mujer.
En esta misma línea se pronunciaba ayer, en unas jornadas de juristas celebradas precisamente en Canarias, el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, al afirmar que la lista de Garachico «podría ser ilegal, pero no inconstitucional», lo que coincide, casi al pie de la letra con lo declarado estos días por la dirección regional del partido.
Mientras tanto, el grupo de amas de casa, empresarias, psicólogas, profesoras -y hasta una portavoz vecinal- que integran la candidatura popular de Garachico, recibía con alegría la confirmación de su candidatura por parte del partido en Madrid y se mostraba ajeno a cualquier polémica legal o política que ésta pueda deparar.
«Nosotras estamos encantadas y con muchas ganas de gobernar», aseguraba a este diario la cabeza de lista, Pilar Merino, quien añadía que no tiene ningún miedo a que su lista pueda ser tumbada por no ajustarse a la denominada Ley de la Paridad.
La idea, decía, surgió en las primeras elecciones democráticas, pero han tenido que pasar 30 años para que se haya hecho realidad. «Fue un militante del partido en Garachico quien lanzó la propuesta; ante la avalancha de mujeres candidatas, ningún hombre ha querido presentarse y, por el contrario, nos han apoyado en todo», matizaba Merino.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico comercial y economista del Estado, y viceconsejera de Inmigración del Gobierno Autónomo en la primera parte de la presente legislatura, Merino protestaba ayer porque la ley no entre en vigor en Canarias hasta 2011 en municipios con menos de 5.000 habitantes, y que Garachico, con 5.547 vecinos censados, no pueda gozar de tal beneplácito.
