«El Ayuntamiento de Madrid va a llevar a los tribunales el anuncio del PSOE en el que se afirma que el Gobierno de Ruiz-Gallardón va a cobrar peaje por circular por la M-30», afirmó ayer en un comunicado el Consistorio. Aunque en realidad debería decir el Gobierno del PP, porque Consistorio son también PSOE e IU.

Los responsables municipales llevan tiempo molestos con la campaña de publicidad de los socialistas, sobre todo con el tema de los peajes en la M-30, tal y como aparecía ayer en M2. Sin embargo, la decisión inicial del equipo de Gobierno era no entrar en peleas cuerpo a cuerpo con Sebastián hasta la campaña propiamente dicha.

Al final, no ha sido posible quedarse al margen y estos anuncios acabarán siendo revisados por un juez, si prospera la denuncia de los populares. «Hay que atajar una información que sólo sirve para mentir y engañar a los ciudadanos», explicó el vicealcalde, Manuel Cobo, en el comunicado.

Ésta es la primera vez que el Gobierno municipal recoge un guante lanzado por el PSOE y entra de frente en el cruce de acusaciones, pues los socialistas ya pidieron la suspensión cautelar de la campaña de publicidad municipal bajo el lema de «¿Qué pasaría si nunca pasara nada?».

Para el PP, sin embargo, existe una diferencia entre ambas campaña: «La afirmación que hace la campaña constituye una absoluta falsedad y un evidente menosprecio de la verdad, toda vez que no está previsto el cobro de peaje alguno, ya que es el propio Ayuntamiento el que pagará el coste total de las obras».

Lo que el Gobierno de Ruiz-Gallardón ha solicitado al juez es una medida cautelar para la suspensión inmediata de esta campaña, «dadas las consecuencias irreversibles de las mentiras que se están propagando».

Por la vía civil

Ruiz-Gallardón basa su denuncia contra Sebastián en que «la propagación del engaño excede de lo que constituye el legítimo ejercicio de la libertad de información, e incluso de la actividad política de los partidos en época de precampaña electoral».

El trámite que ha iniciado el Gobierno del PP es «una acción civil para la tutela judicial del derecho fundamental a 'comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión', como reconoce el artículo 20 de la Constitución».

Los socialistas iniciaron esta campaña publicitaria en respuesta a la de «¿Qué pasaría si nunca pasara nada?» del Gobierno del PP. Ya se han emitido varias cuñas pero la que ha roto la tranquilidad de la Casa de la Villa ha sido una sobre la deuda en la que se dice literalmente «Gallardón se ha gastado 5.000 millones de euros en las obras de la M-30 y los financiará poniendo peajes para circular por ella».

Por eso Cobo insiste en que «ningún ciudadano pagará cantidad alguna, utilice o no la M-30. Los únicos que han hablado de peaje en Madrid han sido los socialistas, como la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona».

Para el PP el objetivo de la campaña es «mentir a los ciudadanos e intentar provocar el descrédito del alcalde, al que cita expresamente, con insinuaciones insidiosas», concluye Cobo.