El día anterior al asesinato, Cabral había anunciado que duplicaría -hasta unos 9.000- el número de policías que patrullan las calles de Río, de más de 10 millones de habitantes. Pero tras el recado de las mafias, el gobernador ha solicitado a Lula el envío de tropas federales. Los datos de muertes violentas en Río son similares a los de cualquier país en guerra: en los tres últimos meses 1.189 personas han muerto por herida de bala o arma blanca y cerca de 500 han resultado heridas.

El Gobierno de Lula da Silva estudia ahora la fórmula para atender a la petición de Cabral -uno de los más estrechos aliados de Lula- sin quebrantar la Constitución brasileña, que prohíbe al Ejército el desempeño de funciones policiales a no ser que el Gobierno del Estado de Río se declare «incapaz» de garantizar la seguridad pública.

Pero aceptar públicamente el fracaso, con sólo 100 días de Gobierno, no es algo que el ambicioso Sergio Cabral esté dispuesto a hacer. Así, la opción más viable parece la de decretar un estado de excepción limitado, que permita al Ejército permanecer en Río durante al menos un año, y que asegure la celebración de los Juegos Panamericanos en julio de este año.

Diversos analistas han señalado la escasa efectividad que tendrá la presencia en las calles de Río de unos militares preparados para la guerra y no para el control de la seguridad pública, además del riesgo de contagio e infiltración de los grupos mafiosos en el propio ejército, como ha sucedido con la policía.

Pero ese hipotético contagio con el Ejército, de hecho, ya existe. La noche de un viernes cualquiera, quien lo desee puede asistir a una de las rituales demostraciones de poder de las bandas de narcotraficantes en la favela de la Rocinha, considerada la más grande de la ciudad. Allí, los Amigos de los Amigos (ADA, según sus siglas), el grupo que controla la favela, organizan uno de los habituales conciertos de funk en la calle. Muros de sonido a todo volumen, puñados de marihuana que corren de mano en mano, el vecindario en borrachera y armas, muchas armas. Desde pistolas de gran calibre a escopetas, rifles de asalto y hasta bazokas.

Unos cincuenta hombres armados, la mayoría en bañador y chancletas protegen a Ney, el hombre fuerte, el capo, al que todos los vecinos quieren saludar, dar las gracias, ser vistos compadreando. Algunos de sus guardaespaldas son apenas niños, pero otros no. De hecho, entre los narcotraficantes aparecen también ex militares. «Yo era paracaidista del Ejército, he estado Colombia, Paraguay y Argentina», cuenta Preke, un negro que rondará los dos metros y lleva chaleco antibalas, pistola, fusil ametrallador y un walkie-talkie. «Me gustaba el Ejército, pero trabajando para Ney gano más dinero», se ríe. La fiesta de los Amigos de los Amigos continuará hasta el amanecer y, por supuesto, por allí no se acercará la policía.

La situación en Río comienza a recordar a la de los peores años 80 y principios de los 90, cuando se convirtió en la ciudad más violenta de Brasil, lugar que hoy corresponde a Recife.

El auge de la violencia ha coincidido con la llegada al poder de Sergio Cabral y con la aparición de milicias formadas por ex policías, ex bomberos y ex funcionarios de prisiones que han ocupado el poder en más de 40 favelas y han expulsado a las bandas de narcotraficantes que antes dominaban los suburbios, tomando el control de sus negocios. El fantasma de los paramilitares y los escuadrones de la muerte sobrevuela la bahía carioca. No en vano, el propio Cabral ha viajado a Colombia en busca de consejo ante la complicada situación que se le presenta.

En la calle, mientras, los cariocas han comenzado a protestar por la situación. Dos manifestaciones han tenido lugar desde principios de año pidiendo fin a la violencia. En la primera, en marzo, más de 700 cruces negras fueron plantadas en la playa de Copacabana, recordando a los muertos. En Semana Santa, más de 400 personas se tumbaron en línea en la misma playa, representando a los asesinados.

Pese a las protestas, no puede decirse que los cariocas no estén acostumbrados a la inseguridad. Cada año se producen cerca de 6.000 muertes violentas. Al menos mil de ellas se atribuyen a la policía.