Ayer mismo, cuando se producía la última vista en el caso contra el juez, tenía lugar la mayor manifestación en señal de protesta llevada a cabo hasta la fecha. Desafiando a enormes medidas policiales, más de 2.000 personas se congregaron frente al palacio de Justicia, entre ellos muchos eran juristas, pero también islamistas radicales, miembros del laico Partido del Pueblo de Pakistán, así como seguidores de los exiliados premiers Benazir Bhutto y Nawaz Sharif. La multitud, al grito de «vete, Musharraf, vete», «Musharraf es la mascota de Estados Unidos» y «salvemos el sistema judicial», exigió al general que readmita a Chaudhry y, de paso, que él se largue.

Hace ya un mes, a Chaudhry le invitaron encarecidamente a dimitir y él declinó amablemente la sugerencia. Desde entonces se encuentra suspendido de funciones y bajo arresto domiciliario, acusado de abuso de poder y mala conducta. La reacción popular a favor del juez y en contra del general, liderada inicialmente por los juristas paquistaníes y a la que se sumó la oposición después, no sólo ha sorprendido al presidente Musharraf, sino al país entero.

Chaudhry fue elegido para su cargo por el propio general hace dos años. Desde entonces se dedicó a hacer aquello que no debería haber hecho, al menos en una seudodemocracia liderada por un militar autoproclamado presidente. El juez investigó desapariciones de insurgentes, prohibió los tradicionales matrimonios infantiles, negó que espacios públicos se convirtieran en campos de golf, impidió a Musharraf la privatización de una empresa de metal por irregularidades, y persiguió a políticos, policías...

A Musharraf, eso de tomarla con el poder judicial no le es nuevo. Ya en 2000 se cargó a 18 jueces de la misma forma. Pero el problema de Musharraf no se llama Chaudhry, sino Musharraf, o cómo conservar el poder este año siendo tanto el presidente del país como el jefe del Estado Mayor, a pesar de los impedimentos constitucionales.

Si el general decide presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarán a finales de 2007 -que preceden a las generales de enero de 2008-, debería hacerlo sin uniforme. Sin embargo, parece que no será necesario. En febrero pasado el general Musharraf destapó sus cartas, anunciando que el Parlamento, antes de ser disuelto el próximo septiembre, lo reelegirá cinco años más como presidente. Para la oposición, esto es claramente anticonstitucional ya que sólo un parlamento nuevo tiene derecho a elegir a un nuevo presidente. Además, para que Musharraf conserve su uniforme se requiere la aprobación de dos tercios de la cámara.

En cualquier caso, el Tribunal Supremo resulta en este caso decisivo, puesto que pasa por ser el árbitro final del conflicto. Y ¿quién era el presidente de este órgano jurídico? El mismo juez Chaudhry al que Musharraf se ha quitado de encima, a pesar de la oposición de muchos paquistaníes.