Digan lo que digan en público, la estrategia de Barrena y Otegi parece más bien encaminada a sembrar confusión entre los poderes públicos presentando primero un señuelo fácil -ASB-, intentando luego colarse por la vía de las agrupaciones de electores y activando finalmente un tercer plan -tal vez ANV- por si el Gobierno acaba neutralizando los dos anteriores.

La vicepresidenta De la Vega volvió a decir ayer que Batasuna «no estará en las elecciones porque no cumple la ley», pero fue mucho más ambigua en relación con la nueva marca, de la que dijo que «cumple los requisitos legales» y «condena explícitamente la violencia».

Sus palabras coinciden con el criterio de la Fiscalía, que inició el jueves una investigación en torno a ANV, pero por el momento no ha encontrado indicios para actuar contra ella. Es pronto para decir que en este asunto el Gobierno mira para otro lado. Será en las candidaturas donde Interior y la Fiscalía deberán rastrear pruebas de la vinculación entre ANV y la ilegalizada Batasuna.

Sin embargo, hay un caso que no invita al optimismo: la reiterada negativa del Gobierno y del Ministerio Público a actuar contra el PCTV. Su discurso inicial era que no había indicios para hacerlo y ni los informes policiales ni el hecho de que sus dirigentes no hayan condenado el atentado de la T-4 ni la insistencia del PP ni sobre todo la incautación al etarra Lezcano de propaganda electoral de la formación lo han cambiado un ápice.

El Gobierno debe emplear todos los medios a su alcance para lograr que un entorno proetarra que sigue sin desmarcarse de la banda permanezca fuera de los ayuntamientos y para que el PCTV sea ilegalizado. Si no lo hace, quedará en entredicho ante la ciudadanía, que podría entenderlo como una nueva claudicación.