Definir a estas lenguas como «propias» de estas Comunidades Autónomas ha servido de coartada a los nacionalistas y a la izquierda para considerar al castellano como una lengua «impropia» en estos territorios. Esta definición estatutaria de «lengua propia» ha servido como excusa para que los procesos de normalización lingüística de las mal llamadas lenguas propias hayan convertido a estas en lenguas de uso normal de la Administración y de los medios de comunicación y al castellano en una lengua de uso anormal desde el punto de vista de la Administración pública. En España nunca ha existido una política nacional en materia de política lingüística sino políticas lingüísticas y quién las ha ejecutado nunca ha sido el Estado sino las Comunidades Autónomas.

Hace unas semanas el Grupo Parlamentario del PP defendía en el Parlament una proposición de ley de modificación de la ley de política lingüística para erradicar las sanciones a los comercios por utilizar el castellano. Los socios de Montilla y Zapatero, los chicos de ERC nos acusaron de querer potenciar la lengua «opresora» frente a la lengua «oprimida» y la iniciativa no prosperó.Socialistas y nacionalistas justifican las multas a la utilización del castellano señalando que el catalán estuvo discriminado durante 40 años. Y aunque es cierto que el catalán fue perseguido durante el franquismo, esa realidad no puede ni debe justificar que en pleno siglo XXI se haga lo propio con el castellano.

Desde la aprobación de la ley de política lingüística en el año 1997, la Generalitat ha impuesto un total de 337 sanciones a establecimientos comerciales o empresas radicadas en Cataluña.En los últimos cuatro años, el Gobierno ha recaudado más de 225.000 euros sólo en sanciones lingüísticas. Desde que los socialistas han llegado al gobierno catalán, las inspecciones lingüísticas se han incrementado en un 400%, pasando de las dos sanciones impuestas en el año 2003 a las 194 impuestas en el año 2006.Para hacerse una idea, las sanciones impuestas por el tripartito durante el año 2006 aumentaron en un 63% en relación a las del año anterior.

El resultado final es que si cuelgo un rótulo en mi comercio que diga «sortida d'emergència» no pasa nada pero si cuelgo uno que diga «salida de emergencia» en Cataluña te ponen una multa de un mínimo de 900 euros. Por este motivo resulta del todo necesario modificar el marco legal sobre las lenguas. Si las Comunidades Autónomas pueden establecer qué lengua es propia y qué lengua no lo es, la solución para evitar que el castellano acabe siendo residual en esas comunidades pasa por dejar que los parlamentos autónomos se ocupen de lo que les es propio y dejen lo que les es «impropio» en manos del Estado.

Quizá deberíamos plantear que el Estado recupere unas competencias en materia de política lingüística que jamás debería haber perdido.Y que haga política lingüística por ejemplo en el ámbito educativo o en el de la comunicación. Los nacionalistas no pararán nunca hasta arrinconar al castellano. Superados por obsoletos, otros hechos diferenciales como la raza, la religión o el RH de la sangre, la lengua se ha convertido en su único estandarte. Por este motivo es tan importante que el Estado dé respuesta a la voluntad de muchos ciudadanos que en las comunidades que tienen dos o tres lenguas oficiales, siguen considerando como propia también al castellano.

Daniel Sirera es portavoz adjunto del PP en el Parlament.