El acuerdo no fue ratificado hasta el 22 de mayo de 2006 y no ha entrado en vigor hasta que el rey Mohamed VI estampó su nombre en él en febrero de este año, por lo que los primeros barcos empezaron a faenar en aguas marroquíes la semana pasada a cambio de una compensación económica de la UE a Marruecos de 144,4 millones de euros durante cuatro años.

Al incluir las aguas del Sáhara al sur del paralelo 27'40º como aguas marroquíes, la UE (y España con ella) dio por buena el año pasado la posición oficial de Marruecos como potencia administradora desde su ocupación militar del Sáhara Occidental en 1975 sobre la explotación de sus recursos pesqueros, en contra de la política mantenida hasta 2005 por todos los gobiernos de la España democrática.

La ONU, desde su resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1962, defiende el principio de la «soberanía permanente sobre los recursos naturales», entendido como el derecho de los pueblos y de las naciones a usar sus recursos naturales en sus territorios y a disponer de ellos en interés de su desarrollo y bienestar nacionales.

La doctrina contra la política de hechos consumados en aguas saharauis viene avalada por los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, resoluciones posteriores de la Asamblea General, el artículo 73 de la Carta de la ONU sobre la administración de territorios no autónomos y, sobre todo, el dictamen del asesor jurídico de la ONU, Hans Corell (2002), en el que se afirma que Marruecos no tiene soberanía ni es potencia administradora del Sáhara, por lo que no puede explotar sus riquezas naturales ni otorgar licencias a terceros, como la UE, para que las exploten.

Con una extensión de 150.000 kilómetros cuadrados y unas condiciones climáticas muy favorables, el banco saharaui, según el Frente Polisario, es uno de los más importantes de Africa, pudiendo producir más de 10 toneladas por kilómetro cuadrado. Asegura el Polisario que, ya en 2002, estas aguas aportaban a Marruecos, que las viene explotando desde hace 30 años, unos 2.000 millones de dólares anuales.

El problema con la doctrina dominante de la ONU sobre la explotación de los recursos saharauis es que algunas potencias, como Francia y EEUU, dejaron de respetarla hace años y firmaron acuerdos para pesca y, sobre todo, prospecciones de petróleo y gas en la zona con concesiones ilegales en tanto en cuanto la ONU seguía considerando a Marruecos potencia ocupante y no potencia administradora.

Esta posición empezó a cambiar con un informe del secretario general Kofi Annan en el año 2000 y, posteriormente, con los planes del mediador James Baker; pero España, hasta la llegada del Gobierno de Zapatero a La Moncloa, había negado a Marruecos la condición de potencia administradora, la única que le faculta -siempre con condiciones- para firmar tratados o acuerdos internacionales que afecten al territorio.

Marruecos y sus amigos tradicionales han aprovechado desde el primer día un viejo conflicto entre internacionalistas sobre si el principio de «la soberanía permanente» prohíbe toda actividad relacionada con los recursos naturales que pueda emprender la potencia administradora en un territorio no autónomo o únicamente las actividades emprendidas sin tener en cuenta las necesidades, intereses y provecho del pueblo de ese territorio.

Obviamente, Marruecos entiende, además de que el Sáhara le pertenece, que todo lo que hace favorece a los saharauis.

Según la resolución III del Convenio Internacional sobre Derecho del Mar de 1982, «en el caso de un territorio cuyo pueblo no haya alcanzado la plena independencia u otro régimen de autonomía reconocido por las Naciones Unidas, o de un territorio bajo dominación colonial, las disposiciones concernientes a derechos e intereses (...) se aplicarán en beneficio del pueblo del territorio con miras a proveer a su bienestar y desarrollo». ¿En qué medida se beneficia la mayor parte de los saharauis, que malviven en Tinduf (Argelia), de acuerdos como el que avaló ayer Rodríguez Zapatero?