Financiación es la palabra clave. «Hay que hablar de financiación en el Consejo Interterritorial», llevan tres años diciendo las CCAA del PP. «El Consejo no está facultado para hablar de financiación. Eso lo hace la Conferencia de Presidentes», lleva tres años contestando el Gobierno del PSOE. El mismo diálogo, pero con los actores cambiados de comillas que cuando gobernaba el PP.

El 3 de febrero de 2005, siete comunidades populares reclamaron a Sanidad un Consejo que, entre otras cosas, incluyera en su orden del día un punto dedicado a la subvención de los planes integrales y las nuevas prestaciones y otro a los sistemas de financiación. En este último habría de tratarse, también entre otras cosas, una «actualización según el índice de crecimiento poblacional desde las transferencias», un asunto que preocupa mucho a las comunidades.

Aquel requerimiento del territorio popular no se cumplió nunca y se acabó convirtiendo en una carrera judicial contra el Ministerio. Tres sentencias de la Audiencia Nacional (septiembre y diciembre de 2006 y enero de 2007) obligaron a Sanidad a reunir un Pleno -«no es preciso que sea extraordinario»- con esos temas, ya que «cuando la convocatoria sea solicitada por al menos una tercera parte del Consejo, el presidente debe efectuar dicha convocatoria incluyendo los asuntos propuestos». Pero el Ministerio ha seguido esquivando a la Audiencia, que ha vuelto a la carga. En una sentencia conocida ayer, el juez García Gonzalo estima un recurso presentado por la Generalitat valenciana y, «frente a la inactividad de la ministra de Sanidad», obliga a Elena Salgado a que «cese dicha inactividad» y convoque el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud para que trate «los asuntos relacionados en el mencionado requerimiento [el del 3 de febrero de 2005] y no tratados en plenos celebrados con posterioridad al mismo».

Pese a que el Gobierno valenciano vendió ayer la idea de que la sentencia insta a Salgado a citar al Consejo «de inmediato», nada hay en el documento del juez García Gonzalo que ponga fecha próxima a la orden. De hecho, asegura que «fijar el quando (...) sería invadir las funciones de la Administración». Aun así, la ministra deberá reunir ese Consejo en 2007. «La obligación de convocatoria aparece referida al año natural, sin mayores precisiones», escribe el juez.