Todo se inició en octubre de 2000, cuando una «lamentable» decisión del juez Luciano Salvador, de Salamanca, recordó Carlos Inciarte, permitió la separación del niño -entonces de dos años- de su familia pre-adoptiva de El Royo, para ir a un centro de acogida, a fin de que pudiera estar más cerca de su madre biológica. El niño llevaba con la familia soriana 18 meses. Inciarte insistió entonces en que, para que supuestamente la madre estuviera mejor, se desoyeron los derechos del niño.

Desde la separación del menor de la familia soriana, la vida de Diego ha estado plagada de extrañas circunstancias rodeadas de violencia familiar, abandonos del centro, absentismo escolar y otros hechos irregulares -como la supuesta práctica de mendicidad del niño- ligados al inadecuado cuidado de la madre.

El llamado niño de El Royo, que ha cumplido ocho años de edad, ingresará de nuevo en un centro de acogida después de que el Juzgado de Instrucción de Ciudad Rodrigo (Salamanca) decidiese retirar temporalmente la custodia a la madre, por encontrarse el menor en situación de desamparo.

Inciarte confía en que la sensibilidad del juez de Ciudad Rodrigo reconduzca la situación de un niño que ya tiene unas duras vivencias y una consciencia con experiencias negativas.

Inciarte considera que hay que retirar la custodia a la madre, porque está demostrado -lo estaba ya hace años- que no está capacitada mentalmente para cuidar de su hijo. «No representa la idea de una madre coraje, sino la de una madre egoísta».