Las palabras de Prada llegan en un momento polémico, porque las tensiones -que la Comunidad desmiente- entre las policías locales, tanto de la Bescam como del resto de agentes, y los miembros de Policía Nacional y Guardia Civil son cada vez mayores en diversos municipios. Las Bescam nacieron como un apoyo económico a los ayuntamientos para que aumentaran su plantilla de policías municipales. No obstante, la condición que puso la Comunidad al financiar este proyecto fue que los nuevos agentes se dedicaran sólo a labores de seguridad, no de tráfico ni administrativas. Según el PP, el Ayuntamiento de Leganés no cumple este acuerdo, y por eso Prada amenazó ayer con retirar la financiación y abrió un expediente informativo. La cláusula del Ejecutivo regional para las Bescam ha provocado conflictos con los otros cuerpos de seguridad, porque las tareas no están claras en muchos casos, ya que no hay una regulación de competencias. Es habitual que dos patrullas distintas lleguen a un mismo suceso y allí los agentes discutan sobre quién tiene la competencia para actuar. Coslada, Móstoles y otros municipios de la región también han tenido problemas. Dos sindicatos de Policía Nacional, UFP y SUP, han denunciado recientemente que los agentes locales se han extralimitado en sus funciones.

Durante una reunión con la candidata del PP a la Alcaldía de Leganés, Guadalupe Bragado, Prada reclamó el cumplimiento de los dos acuerdos firmados entre las administraciones local y regional en septiembre de 2004 y diciembre de 2005, según los cuales, los agentes «realizarán exclusivamente las referidas tareas del área de Seguridad Ciudadana», informa Europa Press. La Comunidad ha abierto un expediente informativo a Leganés por este asunto denunciado por dos sindicatos.

Muchos funcionarios son partidarios de reforzar la seguridad con policías locales para aliviar trabajo a Guardia Civil y Policía Nacional. Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid ha firmado un acuerdo para que la Policía Municipal tenga competencias de Policía Judicial en pequeños delitos. Sin embargo, estos acuerdos sólo son casos puntuales.

Los sindicatos SUP y UFP han denunciado que las policías locales «se extralimitan en sus funciones» y participan en más situaciones de las que pueden por cuestión de competencias. El pasado jueves se celebraron en Alcorcón las jornadas «Tras las Bescam... ¿qué?», organizadas por el sindicato de funcionarios CSI-CSIF. Muchos de los ponentes y participantes se mostraron proclives a que las policías locales se dediquen sólo a tareas de seguridad y abandonen las de tráfico y burocracia. El propio Ayuntamiento de la capital ha creado durante esta legislatura el cuerpo de agentes de Movilidad para que la Policía Municipal se dedique sólo a tareas de seguridad ciudadana.

Pero los problemas con los otros cuerpos no se acabarán hasta que se delimiten bien las labores de cada uno. El último ejemplo es de Móstoles, publicado ayer por este periódico. Los policías nacionales y locales se llevan mal, según denuncian los sindicatos, y han tenido que reunirse en varias ocasiones incluso con el alcalde, para poner paz. La relación entre ambos cuerpos empeoró a raíz de la detención de un policía nacional por parte de dos agentes de Bescam.

Relación «excelente»

Prada también se refirió ayer a este asunto, y aseguró que la relación entre ambas policías es «excelente», y que lo ocurrido ha sido sólo «un hecho puntual». Desde la Policía Local de Móstoles también afirmaron que la relación es buena y que se está estrechando las colaboraciones entre ambos.

Por otra parte, Prada afirmó que si se confirma que el centenar de agentes de Leganés realiza otras labores «y no hay una rectificación, la decisión más grave será suprimir la financiación» de esta unidad en Leganés, una cantidad que asciende -según informó- a 4,6 millones de euros anuales (62 millones de euros hasta 2018). El responsable regional aseguró que no hay «voluntad de retirar la Bescam del municipio» porque «es algo impensable» y advirtió que el alcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez, «tiene que destinar esos 100 policías a seguridad y si no, que manifieste lo contrario y asuma las consecuencias». Hace un año, la Comunidad también apercibió a Pozuelo porque los policías financiados por el Gobierno regional se dedicaban más a poner multas que a la seguridad ciudadana.

Prada además dijo que es «radicalmente falso» que el Gobierno central haya destinado 3,3 millones de euros para el Campus de la Justicia, como anunció anteayer Zapatero. «El Ministerio no ha puesto un euro para la Ciudad de la Justicia», aseguró, y anunció que requerirá al ministro Mariano Fernández Bermejo, y al propio Zapatero, que «entreguen a las arcas de la Comunidad de Madrid la cantidad que dicen que han entregado» porque, según consideró, «el madrileño tiene derecho a ella».