Teniendo en cuenta la cercanía, la porosidad de nuestra frontera sur, la escasa cooperación entre los servicios secretos marroquíes y argelinos, nuestra ausencia de la Asociación Transahariana de Lucha contra el Terrorismo montada por los EEUU, la multiplicación de atentados en el Magreb y la información obtenida de los detenidos, el 11-M puede repetirse, incluso de forma más destructiva.

La gravedad de cada amenaza depende de dónde venga, de los apoyos que tenga, del tiempo y de los medios disponibles para responder a ella, de la voluntad política para actuar con rapidez y eficacia, del control que se pueda ejercer sobre la amenaza y de las posibilidades de preverla.

Rara es la semana en que no es desarticulada alguna célula islamista en el Magreb o en territorio europeo. Es parte de una guerra entre una minoría extremista islámica y la inmensa mayoría de los musulmanes, sus principales víctimas, que nos salpica. No hemos ayudado mucho a evitar los daños ni a reducir sus causas hasta que ha sido demasiado tarde -al contrario, con la invasión de Irak se ha echado gasolina al fuego- y el 11-M pagamos las consecuencias.

El riesgo de nuevos atentados contra España, sus ciudadanos o sus intereses, dentro y fuera de nuestro país, ha aumentado porque Al Qaeda, por medio de su número dos, Ayman al Zawahiri, los ha señalado varias veces como objetivos. Por absurdas que nos parezcan sus razones (Al Andalus, presencia en el Líbano y en Afganistán, alianzas, etcétera...), son suficientes para la masa creciente de jóvenes sin nada que perder y dispuestos a inmolarse por una causa que dé sentido a sus vidas.

Muchos de los 257 integristas islámicos detenidos en 2006 en la UE, según Europol, fueron detenidos en España, y desde finales de los 90, según Fernando Reinares, especialista en terrorismo, han sido detenidas en nuestro país más de 300 personas vinculadas al terrorismo mal llamado yihadista, la mayor parte de ellas tras el 11-M. Más de la mitad siguen detenidas.

La mayor parte de ellas son varones nacidos entre 1965 y 1975, inmigrantes de primera generación procedentes en su mayoría (casi el 70%) de Marruecos y Argelia, seguidos por los de origen sirio (12%) y paquistaní (6%). Dado que en España viven, legal o ilegalmente, diez veces más marroquíes que argelinos, es fácil concluir que la represión, la guerra civil y el terrorismo que ha padecido Argelia desde 1991 hacen de este país, nuestro principal suministrador de gas, el foco principal de terrorismo islamista en España, seguido por Marruecos, y que sólo una cooperación muy estrecha con estos países y con sus principales valedores (Francia y los EEUU) nos ayudará a reducir la amenaza.

De hecho, la mayor parte de los detenidos y condenados en España pertenecen al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), responsable de los dos atentados de esta semana en Argel, en los que han fallecido más de 30 personas, creando un verdadero pánico entre la población. El GSPC está reconocido desde septiembre del año pasado por Al Zawahiri como el brazo de la red en el Magreb.

Los principales servicios secretos occidentales confirman el reforzamiento de Al Qaeda en el norte de Africa, la existencia de bases para el entrenamiento de sus seguidores en el Sáhara y en países vecinos, y el elevado número de magrebíes con experiencia directa (entre el 9% y el 25% según el experto estadounidense Evan Kohlman) en la Guerra de Irak.

SI

Felipe Sahagún es profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.