Mientras la independencia de los Organismos Supervisores y Reguladores de los Mercados liberalizados no quede garantizada por el origen de los nombramientos de sus responsables, el final de éstos tenderá a ser parecido a los últimos vividos, siempre dramático y traumático para la credibilidad del mercado financiero -y para ellos como personas y profesionales-.

Hay que acabar con los nombramientos de los presidentes de estos organismos por el Gobierno de turno, que, por haberlos nombrado, siempre se creerá en el derecho de darles instrucciones o, cuanto menos, pedirles fidelidad a sus estrategias o decisiones de Gobierno y, como mínimo, neutralidad ante ellas, por muy comprometidas y controvertidas que éstas sean.

Pero es que por la misma razón -el haber sido nombrados por el Gobierno- ya nacen los supervisores con ese pecado original para la oposición política, que suele desconfiar continuamente de ellos y pedir su dimisión en cada caso problemático que se dirime en medio del consiguiente ruido mediático. Es casi imposible decidir con tranquilidad, objetividad y seguridad en el clima político y mediático que generalmente se produce al socaire de las grandes cuestiones económicas y financieras. ¡Y la verdad es que hace mucha falta que así sea!

La cosa se agrava cuando tomamos en cuenta la situación de la función regulatoria y de supervisión en el contexto europeo, un campo minado, plagado de asimetrías regulatorias -la mayoría de las veces, intencionadas- para producir situaciones de arbitraje regulatorio que deriven en movimientos corporativos y de capitales de unos países en favor de otros, en el propio seno de la Unión.

Para complicar aún más la situación, pensemos que hay dos planos regulatorios a nivel europeo: uno, funcional, que incluye las competencias en materia a) de mercado de valores b) de bancos y c) de seguros. Dos, geográfico, que implica el dilema sobre el modelo competencial, ya sea por países o por supervisores unificados a nivel europeo.

¿Se puede llegar a imaginar el poder de un superpresidente de un único Organismo Supervisor europeo que sume las competencias de Valores, Banca y Seguros en toda la Unión Europea? ¿Se podría pensar en el alcance de la controversia política europea para el consenso sobre su nombramiento? ¿Qué poder ejecutivo lo nombraría?

Hay que ir imaginándolo, porque aun cuando hoy estemos todavía lejos de esa realidad, algún día esta Unión Europea nuestra tenderá a una Unión real y, entonces estaremos ante un supervisor integrado, al menos, a nivel geográfico.

Por si fuera poca la complejidad analizada hasta ahora, sumémosle la asimetría regulatoria en materia de control corporativo (diversas regulaciones de OPAS a nivel de los diferentes países de la Unión, a pesar de la Directiva Comunitaria sobre OPAS) y añadamos la dramática asimetría en materia de liberalización y privatización de los sectores estratégicos y de las grandes compañías que operan -energía, electricidad, telecomunicaciones etcétera-, que se pone de manifiesto en los grandes países de la Unión y que repercute de forma brutal en los lances de control corporativo y en la actitud de los diferentes gobiernos implicados.

Y en medio de este barullo, los pobres supervisores intentando hacerse los independientes y tomando decisiones equitativas «para todas las partes implicadas». ¿Independientes de quiénes y con respecto a qué? ¿Justos y ecuánimes con relación a qué y cómo? ¿Qué partes implicadas? ¿Las que aparecen prima facie o las que manejan los hilos entre bambalinas, los gestores de las empresas? ¿Los accionistas de control o minoritarios, los políticos que nombraron a los gestores? ¿Los políticos que se presentan como garantes del interés nacional o de los consumidores? ¡Contéstense ustedes y encuentren a ese superhombre o supermujer!

A pesar del sombrío panorama, hay fórmulas para minimizar los problemas y mejorar la situación. Algunos llevamos años pidiendo -igual da PP que PSOE- una fórmula de nombramiento y funcionamiento distinta para los Organismos Supervisores y Reguladores de los Mercados liberalizados. Cada vez que hay un lío como la dimisión de uno de sus responsables en medio de la tormenta político-mediática, renace la esperanza de los siguentes cambios:

1) Los sectores estratégicos deben liberalizarse, y las grandes empresas, privatizarse íntegramente.

2) Los Organismos Reguladores y Supervisores deben asumir entonces las competencias plenas en materia de Supervisión y de Regulación funcional, sin que el Gobierno de turno las invada.

3) El Parlamento debe aprobar por mayoría reforzada de dos tercios el nombramiento del presidente a propuesta de los grupos políticos, empezando por el mayoritario.

4) Cada candidato a presidente deberá presentar ante la Cámara a) su programa de trabajo, y b) el impacto en la economía nacional y en el mercado de que se trate.

5) Presentará en el Congreso a su equipo de gobierno, vicepresidente y consejeros del organismo que propone. El Parlamento deberá refrendarlos uno por uno con su eventual comparecencia ante la oportuna Comision parlamentaria.

6) Los candidatos deberán ser elegidos de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en el mercado, con independencia política probada y honorabilidad acreditada.

7) Los periodos de mandato deberían ser de cinco años y no coincidir con los de cambio político en ningún caso, con un periodo adicional máximo de reelección como tope definitivo.

8) Los supervisores no podrán ser destituidos durante su mandato, salvo por incapacidad manifiesta o actuación dolosa, debiendo corresponder al Parlamento dicha decisión a propuesta del Grupo mayoritario de la Cámara.

Este sistema no será la panacea, pero puede representar un balón de oxígeno para el mejor funcionamiento de los mercados y de la economía. En cualquier caso, devolverá tranquilidad y sosiego a unas funciones cuya ejecución requiere de ello y, ¡quién sabe si con esto desaparecerá la maldición de la CNMV!

Aldo Olcese es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.