La «inmensa mayoría» de estas amenazas y agresiones se produjeron en los servicios de urgencias de hospitales públicos y en centros de salud. Muchos de los agresores eran acompañantes y familiares del paciente, explicó a Europa Press Cristóbal Zanco, abogado del departamento jurídico de la institución colegial madrileña.

En los casos ocurridos en Atención Primaria, la negativa del facultativo a dar una baja laboral o a prescribir un determinado fármaco es origen de la mayoría de «reacciones violentas» que sufrieron los médicos demandantes. En las urgencias hospitalarias, los motivos más frecuentes de la hostilidad demostrada por el paciente o sus acompañantes, fueron el desacuerdo sobre la urgencia de su dolencia frente a la de otros enfermos, por lo general en un escenario de colapso del servicio. También hubo un gran porcentaje de agresiones de pacientes que no fueron sometidos a más pruebas diagnósticas, situaciones que pueden llevar a «descargar la frustración o el desconocimiento» sobre el médico.

Procedimientos

Zanco aseguró que la gran parte de los procedimientos judiciales abiertos desde el Colegio de Médicos se cierran con un fallo o sentencia favorable al médico y que casi todos corresponden a juicio de faltas, lo que deriva en una sanción económica y, a veces, en penas accesorias como una orden de alejamiento del agresor hacia el médico. De hecho, sólo hay tres casos, actualmente en proceso, que se están instruyendo como delito o atentado, una tipificación que, de confirmarse por sentencia, supondría penas de cárcel. A este respecto, el abogado de la institución colegial advirtió que el Código Penal sólo tipifica el caso como delito o atentado contra el funcionario público, algo que muchas veces resulta injusto para médicos que, por ejemplo, son interinos. Es decir que no tienen la plaza en propiedad, pero sufrieron la agresión o amenaza ejerciendo de hecho una función pública.

Ante esta situación, el año pasado se remitió un escrito al Ministerio Fiscal instando a considerar que cuando el facultativo sufra la agresión en la sanidad pública, aquélla se catalogue como delito independientemente del nombramiento o régimen laboral del trabajador, una recomendación que va ganando «sensibilidad» a nivel nacional pero que en algunos juzgados de Madrid encuentra «cierta reticencia». Los expedientes abiertos por el Colegio de Médicos bajo procedimiento judicial han ido aumentado año tras año. En 2002 fueron cuatro; un año después, 38; en 2004, 59 (más 31 casos notificados por médicos que no quisieron ejercer acciones legales); en 2005, 48 (más 31 notificados); en 2006, 60 (más 8 notificados); y hasta mediados de marzo de este año, 25 (más tres notificados). Aun así, Zanco aseguró que, por lo general, los médicos se deciden a notificar o reclamar su caso sólo cuando advierten «un riesgo inminente» como tal, pero que «hay muchísimas agresiones que no se denuncian».