La batalla abierta entre la gerencia del GiPSS en Tarragona y el comité de empresa ha culminado con la interposición de una querella por la vía penal después de que el gerente de la empresa haya ignorado no sólo las advertencias de la Inspección de Trabajo, ante quien los representantes de los trabajadores han presentado más de 20 denuncias, sino incluso las sanciones impuestas por este organismo por vulnerar repetidamente el derecho de los trabajadores.Sin embargo, la empresa, según ha podido confirmar EL MUNDO, ha hecho caso omiso hasta ahora de las advertencias y continúa aplicando la indiferencia a los reclamos de los representantes de los trabajadores.

Según denuncian los miembros del comité, la actitud del gerente es un «evidente abuso de poder», ya que otorga o deniega contratos a su parecer y no en función a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad y ha provocado «situaciones de verdadero miedo entre los trabajadores, ya que da o no en función del grado de complacencia que muestren con las decisiones de la gerencia».

Según los diferentes informes elaborados por Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la inspectora confirmó que la empresa no entregaba ni las copias básicas de los contratos de trabajo ni tampoco el organigrama y la plantilla de la empresa a los miembros del comité de empresa, por lo que se levantó acta de infracción.Igualmente, en junio de 2006, la inspectora formuló una advertencia a la empresa sobre el derecho del comité a ser informado de los contratos fijos que se realicen, así como a participar en el desarrollo de los procesos de selección. Sin embargo, entre junio de 2005 y octubre de 2006, la empresa realizó un total de 22 contratos indefinidos sin participación del comité en los procesos de selección de personal.

Negociación del convenio

El otro frente abierto contra la empresa afecta al convenio que se está aplicando y que según aseguran fue firmado por tan sólo 3 de los 9 miembros del comité de empresa, un acuerdo que, tal y como afirman, les perjudica. El continuado incumplimiento por parte de la empresa de los derechos básicos de los trabajadores llegó incluso a poner en peligro su salud, al intentar «tapar» a la comisión de Salud Laboral un brote de sarna que llegó a afectar a diversos trabajadores.

Cabe destacar que también el Parlament de Catalunya, según confirmaron ambos sindicatos, está investigando las acusaciones vertidas contra Lluís Bachs, que se suma al Síndic de Greuges que ya ha solicitado informes sobre el funcionamiento de esta empresa pública.

La situación ha llegado a tal extremo que mañana miércoles se ha organizado una asamblea de trabajadores con el fin de revocar al actual comité de empresa, una asamblea que los actuales 6 representantes de los trabajadores califican de «turbia y mezquina» ya que, según afirman en el documento público repartido entre los trabajadores «no es jugar limpio, ya que sólo falta un año para las próximas elecciones». Para ambos sindicatos «está claro que hay un interés por parte de la empresa de que se vote en contra del actual comité». Tanto para el Sindicat de Metges como para el Sindicat d'Infermeria «la situación generada es grave porque se trata de una empresa pública».