La transferencia de los aeropuertos de segundo rango de Cataluña -Reus, Girona y Sabadell- ya ha empezado. La reunión de la comisión mixta Estado-Generalitat sirvió ayer para que el Gobierno central abriera el proceso de desclasificación de las tres infraestructuras como aeródromos de interés general, lo que permitirá en última instancia que el Gobierno catalán pueda asumir su gestión en un lapso de tiempo más bien breve, pero sin determinar.
Pero la reunión sirvió especialmente para visualizar que quien lleva el ritmo de los traspasos es el Estado y no la Generalitat. Mientras existe el visto bueno a que los aeropuertos secundarios dependan de la Administración, no será tan simple la transferencia de la red de Cercanías, postergada para una próxima reunión que todavía no tiene fecha y que podría celebrarse tras el verano.
Según indicó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que presidió la reunión, el proceso de transferencia de aeropuertos secundarios acabará generalizándose al resto de comunidades autónomas y el caso de Cataluña servirá como prueba piloto para esa extensión. Con el paso dado ayer, el Gobierno cumple un compromiso que data de la negociación por el Estatut, por el cual se intentaban frenar las reivindicaciones catalanas para que el aeropuerto de Barcelona también pasara a ser titularidad de la Generalitat.
El cambio de modelo en la gestión de El Prat se afrontará más adelante, con la más que probable incorporación de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona a su gestión, si bien el Estado se reservará un peso preponderante en todas las decisiones. Saura apuntó tras la reunión que las reuniones entre el Departament de Política Territorial y el Ministerio de Fomento continúan e insistió en la necesidad de crear «un consorcio que permita la gestión autónoma» del aeropuerto de Barcelona.
No todo fueron buenas noticias para los representantes de la parte catalana de la comisión, presidida por el conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, Joan Saura.Aunque hubo tiempo para hablar del tema, la representación estatal tan sólo se comprometió a encargar al Ministerio de Fomento «estudios técnicos» para hacer posible el traspaso. El Departament de Política Territorial hará lo propio, pero no habrá negociaciones hasta después de la próxima reunión de la comisión, que no tiene todavía fecha adjudicada y podría celebrarse tanto antes como después del verano. Durante esa reunión se encargará la creación de la ponencia que se encargará del traspaso.
De esta forma, se cae uno de los objetivos del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, quien había reclamado que la transferencia de Cercanías, además de los tres aeropuertos, se produjera por la vía rápida y en un plazo no superior al medio año.
La Generalitat sostiene que no quiere abrir el proceso hasta que no estén aseguradas las inversiones del plan de choque para mejorar el servicio de Renfe, con múltiples averías y deficiencias desde el año pasado. El Gobierno se ha comprometido a invertir 1.800 millones de euros y la Generalitat quiere asegurar de que la inyección de esos recursos se lleva a cabo antes de desbloquear el traspaso, que supondrá determinar también qué transferencia de recursos se lleva a cabo y qué plantilla se queda la Generalitat.
Aprovechando la jornada, CCOO entregó ayer sus propuestas de mejora del servicio de Cercanías Renfe a los responsables de la conselleria de Política Territorial. El sindicato considera que la mejora de la red ferroviaria convencional es «imprescindible y prioritaria» para el desarrollo de Cataluña y reclamó al Gover que sitúe esa política como una de sus principales prioridades en materia de infraestructuras.
Además de la ponencia sobre aeropuertos, la reunión de ayer también sirvió para poner en funcionamiento los grupos que se encargarán de trabajar en el traspaso de la ordenación y la gestión del litoral, así como la inspección de las telecomunicaciones y la capacidad para asignar los ISBN (Número Estándard Internacional de Libros).
La reunión también acordó hacer efectivo, sin necesidad de modificación legal, el precepto del Estatut que confiere a la Generalitat la potestad de hacer informes preceptivos ante cualquier actuación del Gobierno que afecte a Cataluña en materia de Energía y Minas, Juegos y Espectáculos, Agua y Obras Hidráulicas, Medio Ambiente, Espacios naturales y Meteorología, Infraestructuras del Transporte y Comunicaciones, Obras Públicas, Ordenación del Territorio y el Paisaje y Transporte.
