La protesta causó retenciones y obligó a la Guardia Civil a desviar el tráfico por otras carreteras. La movilización tuvo lugar dos días antes de la huelga general convocada para este miércoles y que tendrá lugar en 14 municipios de la Bahía. Una cita que se produce, en opinión de los sindicatos, porque «después de dos meses sin solución la cosa tiene que ir a más».

Desde la CGT ya se ha anunciado que no realizarán piquetes informativos ese día «para que la sociedad apoye la huelga por conciencia y no a la fuerza». Sin embargo, ante la falta de materia prima con la que trabajar en la factoría, el representante de la CGT aseguró ayer que esa situación va «in crescendo» y que, de hecho, muchas máquinas «están actualmente paradas». Un síntoma por el que esta central criticó la actitud de «terrorismo industrial» de la multinacional estadounidense de fabricantes de automoción. Para los representantes de la plantilla, la empresa anunció su intención de cerrar la factoría por pérdidas operativas, con el único fin de deslocalizar sus plantas «hacia países que violan sistemáticamente los derechos humanos, como Marruecos, donde los costes de todo tipo son menores que en la Unión Europea».

Mientras, ayer trascendió que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ve procedente la declaración de concurso voluntario de Delphi, antigua suspensión de pagos, al encontrarse la empresa en situación de «insolvencia inminente». El auto considera que la compañía no podrá cumplir «regular y puntualmente» con sus obligaciones exigibles a partir del próximo mes.

El fallo, dictado por la magistrada Nuria Orellana y al que tuvo acceso Efe, indica que en el caso de que se tratara de un proceso de deslocalización «no excluirá la posibilidad de concurso de la sociedad» y señala que «dadas las circunstancias» la empresa ha optado por no recibir la ayuda pública concedida por la Junta.

Por su parte, Delphi pidió ayer a todas las partes que actúen de forma «responsable». También hizo un llamamiento a la cooperación de los representantes laborales y autoridades para llegar a una solución «dentro del marco de restricciones financieras» de la empresa. Ésta recordó que el proceso de crisis será gestionado con la supervisión del Juzgado y de los administradores concursales designados judicialmente, que «velarán por los intereses legales de los empleados, proveedores y todas las partes afectadas por la crisis».