Según indicó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien presidió la reunión, el proceso se generalizará en el resto de comunidades autónomas. Con el paso dado ayer, el Gobierno cumple un compromiso que data de la negociación por el Estatut, por el cual se intentaban frenar las reivindicaciones catalanas para que el aeropuerto de Barcelona también pasara a ser titularidad de la Generalitat.

El cambio de modelo en la gestión de El Prat se afrontará más adelante, con la más que probable incorporación de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona a su gestión, si bien el Estado se reserva un peso preponderante en todas las decisiones. El propio José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que el Gobierno catalán decidiría sobre la adjudicación de la nueva terminal.

No todo fueron buenas noticias para los representantes de la parte catalana de la comisión, presidida por el conseller de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura. Aunque hubo tiempo para hablar del tema, la representación estatal tan sólo se comprometió a encargar al Ministerio de Fomento «estudios técnicos» para hacer posible el traspaso. El Departamento de Política Territorial hará lo propio, pero no habrá negociaciones hasta después de la próxima reunión de la comisión, que no tiene todavía fecha adjudicada y podría celebrarse tanto antes como después del verano. Durante esa reunión se decidirá la creación de la ponencia que se encargará del traspaso.

De esta forma, se cae uno de los objetivos del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, quien había reclamado el traspaso en medio año.