La Administración de Bush trasladó su interés al Gobierno español a través de la subsecretaria de Estado adjunta, Collen Graffy, que durante su intervención en la IV Conferencia Internacional sobre América y Europa, organizada por Abc, recordó que, antes que ella, el secretario adjunto de Estado para Latinoamérica, Thomas Shannon, había dicho «públicamente» que EEUU quiere conocer los motivos por los cuales el ministro español no se reunió con los opositores al régimen de Castro.

Graffy elogió la postura que, dentro de la UE, mantienen los países del Este, en especial la República Checa, comprometidos con la disidencia cubana porque «saben muy bien, por su propia Historia, lo importante que es dar esperanza».

Los resultados de la reciente visita de la cúpula de Exteriores a Cuba suscitan serias dudas incluso entre los expertos en política internacional del PSOE, que reconocen su «pesimismo» respecto a los avances que puedan derivarse del acuerdo suscrito por Moratinos y por el canciller Felipe Pérez Roque, estableciendo un mecanismo de diálogo que abarcaría todos los asuntos, incluidos los derechos humanos.

Desde el PSOE se insiste en que la estrategia del Gobierno para América Latina pretende «fortalecer el Estado de Derecho y defender los derechos humanos a toda costa», en palabras del número dos en la Comisión de Exteriores, Juan Moscoso, quien afirma que la fórmula de progreso pasa por impulsar la democracia «con reforma fiscal» para redistribuir la riqueza.

Los socialistas defienden una «implicación más directa de España» en Latinoamérica, y aunque piden que se dé «cierto margen a la nueva orientación política» que Exteriores quiere poner en práctica con La Habana, se declaran poco o nada esperanzados con los resultados efectivos que puedan surgir de la misma porque «con Cuba es difícil tratar».

El encontronazo con la disidencia cubana, propiciado por el hecho de que Moratinos dedicara en exclusiva al régimen sus dos días de estancia en la isla, es el aspecto más criticado por los expertos de los grupos parlamentarios. No obstante, populares y nacionalistas catalanes también apuntan al propio contenido de los acuerdos a la hora de calificar de errónea la política hacia La Habana.

Consideran que el pacto de diálogo quedó invalidado desde el momento en que el canciller cubano negó públicamente el apartado b del punto tercero, que es el que establece que «ninguna cuestión queda excluida a priori del proceso de consultas». Pérez Roque recalcó en presencia de Moratinos que cualquier asunto relacionado con los presos políticos quedaba fuera de esta agenda.

Frente al PSOE, que afirma que la nueva orientación pretende «retomar el diálogo crítico» con Cuba, desde el PP y CiU se opina que la aspiración queda cortocircuitada en el propio texto del acuerdo, que en su apartado f precisa que «los contenidos concretos de las consultas políticas y del diálogo sobre derechos humanos serán acordados por ambas partes con anterioridad a cada reunión», de manera que bastará la negativa del régimen a abordar algún asunto para que éste quede en el cajón.

Desde el PP se discute también la afirmación socialista de que España ha preservado la posición común de la UE hacia Cuba, que mantiene la exigencia de democratización y respeto a los derechos humanos. El secretario de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, acusa a Moratinos de «ignorarla» durante todo su viaje.

El escepticismo también se constata entre los analistas independientes. El investigador para América Latina del Instituto Elcano, Carlos Malamud, opina que con Castro «es igual tender la mano que el puño porque cualquier camino está abocado al fracaso».