El recurso, elaborado por los letrados Encarnación Martínez Segado y José Luis Mazón (quien en mayo de 2006 logró la anulación del nombramiento del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), se interpone por la vía especial para la tutela de los derechos fundamentales, que tiene una tramitación preferente.

Se basa, de un lado, en que la propuesta de los candidatos a magistrado del TEDH debe someterse a los requisitos derivados del artículo 23 de la Constitución. De otro, en que López Guerra, que encabeza la terna aprobada por el Consejo de Ministros y es el candidato preferido por el Gobierno, «es un político de partido con más de 20 años de ejercicio de cargos de designación política». Ello quebraría el estatus de «independencia reforzada» que se predica de los jueces del Tribunal Europeo.

En cuanto al primer argumento, el recurso sostiene que la propuesta debió someterse previamente a una convocatoria pública, «lo que viene impuesto por el artículo 23 de la Constitución para todo cargo público sujeto a los principios de mérito y capacidad, como son las altas funciones judiciales en una instancia internacional de derechos humanos». «No estamos», indica, «ante una propuesta para instancia internacional de un cargo político de tan libre designación como embajador o representante gubernamental».

«Una criatura ministerial»

A su parecer, la forma en que el Consejo de Ministros ha decidido la terna presentada a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -institución que designa a los jueces de Estrasburgo- vulnera la Recomendación 1.649 de la citada Asamblea, que exige cierta publicidad a las candidaturas al TEDH.

Respecto a la denominada «violación del derecho al juez independiente», la impugnación afirma que López Guerra «no reúne el requisito de independencia reforzada que necesita el cargo de juez europeo, pues se trata de un político que acaba de cesar como secretario de Estado de Justicia, antes fue diputado de la Asamblea de Madrid en las listas del PSOE y, en total, lleva más de 20 años ejerciendo cargos de designación política, incluyendo los de vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional, todos ellos obtenidos por su vinculación al PSOE».

Según los recurrentes, Luis López Guerra «se encuentra en las antípodas de las condiciones para acceder al cargo de juez europeo, pues es lo que Schopenhauer denomina 'una criatura ministerial'».