Simancas indicó que la Administración de Justicia «ha reconocido delito en el comportamiento de Porto», en referencia a la presunta comisión de negociaciones prohibidas a funcionarios y abusos en su función, y señaló que «alguien en el Gobierno regional debería ofrecer una explicación y asumir responsabilidades políticas al respecto», informa Europa Press.

Tras recordar que los responsables del Ejecutivo autonómico respondieron a las acusaciones del PSOE asegurando que «todo era mentira» y que Porto «estaba actuando de una manera absolutamente transparente y regular», Simancas señaló que de esta manera «se demuestra» que el ex director general de Urbanismo «estaba actuando de manera irregular y promoviendo la especulación urbanística contra intereses de los ciudadanos».

De igual modo, se mostró convencido de que «el urbanismo de Madrid ha estado en manos de quien ha actuado irregularmente en función de sus propios intereses y de los intereses de amigos y familiares, y no en función de las necesidades del conjunto de la ciudadanía madrileña».

La Fiscalía Anticorrupción sólo ha analizado hasta el momento uno de los planes urbanísticos del ex director general que denunció el PSOE: el pelotazo que dio Porto en un sector del municipio de Villanueva de la Cañada. Porto fue destituido a raíz de este asunto.

El estudio de este caso por Anticorrupción ya ha perfilado la posible violación de un artículo del Código Penal: el 439, que trata de «de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función».

Porto ha defendido públicamente que él se limitaba a tramitar o elevar los informes de sus técnicos sin apenas tocarlos. Esto, al menos en el caso de su sector en Villanueva de la Cañada, no es cierto, según lo publicado ayer por El País.