La Dirección General de Tráfico (DGT) acudió ayer al Senado para recordar a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos que tienen competencias en materia de seguridad vial con las que reducir los más de 4.000 muertos que se cobran los accidentes de circulación y que, sin su colaboración, todos los esfuerzos y campañas caerán en saco roto.
Casi una semana después de admitir que el balance de accidentes de tráfico en Semana Santa indica que algo está fallando en materia de seguridad vial, el responsable de Tráfico, Pere Navarro, quiso acotar las responsabilidades en el área de la Administración.
«La DGT tiene a veces demasiados focos encima y demasiado protagonismo, pero éste es un asunto en el que todas las administraciones tienen que asumir su cuota de responabilidad. Se trata de algo muy importante porque, o se implican las administraciones regionales y locales, o esto no va a ninguna parte», señaló en respuesta a una pregunta planteada desde el Partido Popular.
No es la primera vez que la Administración central traslada a las periféricas parte de la presión social que recibe para reducir accidentes y víctimas sobre el asfalto. Hace justo un año, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, descargó sobre comunidades autónomas y ayuntamientos parte de la responsabilidad de que la mayor parte de los 110 muertos por accidente de tráfico se diera en carreteras que son de su titularidad.
País ciclotímico
Este año, los fallecidos fueron 106. «¿Qué ha fallado?», se preguntó Navarro. «La paciencia y la ciclotimia de este país», se respondió. El director general de Tráfico reconoció que no ha ido bien Semana Santa y advirtió que habrá meses en los que el número de víctimas en la carretera subirá en comparación con periodos anteriores. «Pero eso no significa que el carné por puntos esté acabado y, desde luego, sería peligroso decir que la culpa es de las carreteras, de las administraciones o del sistema porque, fundamentalmente, la responsabilidad de los accidentes es de los conductores».
En su planteamiento de la política de seguridad vial, Tráfico admitió que debe liderar el camino y dar ejemplo, pero pidió a las comunidades autónomas que demuestren voluntad política y se doten de mecanismos para reducir los accidentes de tráfico. Destacó que sólo Cataluña, País Vasco, Castilla y León, Navarra y Galicia han elaborado planes estratégicos de seguridad vial.
Ciudades peligrosas
Navarro subrayó por encima de todo la necesidad de atajar los accidentes en las ciudades, donde se registra algo más de la mitad de los siniestros con víctimas y donde la mortalidad de peatones y jóvenes de entre 16 y 29 años es particularmente elevada.
Para apoyar esta iniciativa, ofrecerá un «Plan Tipo» de seguridad vial urbana que establece patrones de actuación en ciudades con más de 50.000 habitantes, uno de los puntos débiles del nuevo carné por puntos. Hasta la fecha, sólo 280 ayuntamientos están conectados al sistema informático en el que la DGT hace recuento del saldo de puntos de los conductores lo que convierte algunas ciudades en territorio donde las infracciones no suponen retirada de puntos.
Además de proponer la implantación de aceras más anchas, construir carriles bicicleta y mejorar la señalización urbana, la DGT recomienda a los ayuntamientos que pongan especial atención a la revisión permanente de la señalización de obras, la movilidad en los polígonos industriales o el lanzamiento de campañas de prevención.
Los técnicos del organismo dirigido por Navarro consideran además fundamental la aplicación y el cobro efectivo de las sanciones, ya que -explican- un gran número de infracciones urbanas quedan impunes por incapacidad de los ayuntamientos. La alcoholemia y el uso de elementos de seguridad como el cinturón, el casco o las sillas infantiles son las cuestiones más a vigilar.
Un esfuerzo inversor muy dispar
Pere Navarro, director general de Tráfico, puso ayer el dedo sobre la llaga: la inactividad de algunas administraciones en materia de seguridad vial, algo que hace tiempo viene siendo denunciado por las asociaciones especializadas y los clubes de automovilistas.
En concreto, a lo que se refiere el máximo responsable de la DGT es a la disparidad entre el esfuerzo realizado por el Ministerio de Fomento, que pese a controlar tan sólo un 15% de las carreteras, invirtió en 2005 casi 643 millones de euros en su mantenimiento.
Frente a esto, las comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, que controlan el 85% restante de la red viaria, destinaron a este capítulo un total de 1.106 millones de euros, cuando les correspondería haberse gastado alrededor de 3.640 millones de euros.
