En cualquier país del mundo, sería impensable que un comisario condenado por detener ilegalmente a dos ciudadanos y falsificar un atestado policial recibiera cualquier trato de favor. Bien al contrario, el Gobierno trataría de marcar distancias con él y sumar a la condena judicial el ostracismo absoluto dentro del Cuerpo.
Lo que Interior ha hecho con Rodolfo Ruiz es justo lo contrario: concederle la jubilación anticipada. El tribunal médico del Ministerio hizo la vista gorda y dio por buenos los informes presentados por el comisario, que alegaba una «alteración psicofísica» como consecuencia de la polémica mediática y del juicio por el caso Bono.
Todo apunta, sin embargo, a que los verdaderos motivos de Ruiz son bien distintos. Condenado a cinco años de cárcel y 10 de inhabilitación por detención ilegal y falsedad, actualmente se encuentra a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre la sentencia. La prejubilación le permitirá seguir cobrando del erario público sea cual sea la decisión del tribunal, algo que no podría hacer si continuara siendo parte del Cuerpo.
Interior podría haber aplazado su decisión hasta que se resolviera el recurso de casación, pero no lo ha hecho, dejando un inquietante rastro de connivencia con quien ha sido condenado por utilizar el aparato del Estado con fines espurios contra los adversarios políticos del Ejecutivo.
La prejubilación es aún más sospechosa por la trayectoria reciente de este comisario, ascendido a jefe de la Brigada Provincial de Información tras la victoria electoral del PSOE. No hay que olvidar que el fatídico 11 de marzo de 2004 Rodolfo Ruiz era el jefe de la comisaría donde apareció de madrugada la llamada mochila de Vallecas sin que nadie la hubiera visto antes ni en Ifema ni en los andenes de El Pozo.
Siempre nos ha llamado la atención que entonces fuera ascendido el hombre en cuyo negociado se encontró la bolsa que orientó en el momento clave la investigación hacia la detención de Zougam y la pista islamista. El hecho de que Interior le haya recompensado ahora con una prejubilación que dejará sin efecto la inhabilitación a la que ha sido condenado da pie para pensar que alguien dentro del Ministerio intenta comprar el silencio de Rodolfo Ruiz en torno al caso Bono y al extraño hallazgo de la mochila de Vallecas.
El ministro Rubalcaba debe responder por esta decisión ante el Parlamento. Si no lo hace, alimentará las sospechas en torno a un comisario que se ha visto envuelto en muy poco tiempo en dos de los episodios policiales más turbios de la democracia.
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