El Gobierno de la Generalitat no se conforma con recurrir el decreto de Educación Primaria que elaboró en su momento el Ejecutivo central. Ayer anunció que también interpondrá -por los mismos motivos: considera que se entrometen en el poder de decisión autonómico y que adolecen de un «exceso de regulación»- sendos conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional sobre los decretos que regulan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la Formación Profesional (FP), publicados en diciembre de 2006.
Los conflictos de competencia se presentarán después de que el Gobierno español desestimara los requerimientos previos de incompetencia presentados por el Ejecutivo que preside José Montilla. Lo anunció la consellera de Treball, Mar Saura, que ayer intervino como portavoz tras la reunión del Govern.
Saura explicó que el Ejecutivo catalán estima que el Gobierno central «ha excedido los límites de competencias que otorga el Estatut» a la Generalitat en materia educativa, con un «exceso de regulación» de estos dos campos «que invade las competencias catalanas». La consellera de Treball reconoció que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «no aceptó los ejes fundamentales» del requerimiento de incompetencia, presentado el pasado 20 de febrero, y que por eso la Generalitat ha decidido a dar el siguiente paso.
En concreto, los puntos que el Govern lleva al Constitucional del decreto de Secundaria son el 14.7, el 14.8 y el anexo III, que, al igual que sucedía con el texto que regulaba la Educación Primaria, establece que, aunque las estructuras lingüísticas que compartan varios idiomas pueden impartirse de manera conjunta en la lengua autonómica, «deberá garantizarse que el alumnado recibe enseñanzas de lengua y literatura castellana o en lengua castellana en un número de horas no inferior al que corresponda a dicha materia». Es decir, 350 horas en los tres primeros cursos y 125 horas en el cuarto.
En el caso del decreto de FP, los artículos recurridos son el 11.4, el 12.3 y el 37.3. La Generalitat estima que «el Estado invade las competencias que le otorga el Estatut y ha excedido las que determina la propia LOE» porque «regula con demasiado detalle las competencias que son objeto» del decreto.
Además, el Govern aprobó ayer elevar un requerimiento previo de incompetencia, paso preceptivo ante un eventual recurso ante el TC, para algunos apartados de la concesión de ayudas a la investigación de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, incluidos en el Programa nacional de Investigación e Innovación tecnológica 2004-2007.
Serna explicó que el Govern considera que esta convocatoria «prevé un tipo de contratación», la indefinida, «que vulnera el artículo 172», que regula cómo se han de crear las plazas de investigador.
Según la consellera, la convocatoria estatal obvia también la intervención a la Agencia de Evaluación Autonómica, que se establece en los artículos 158 y 172 del Estatut, e incumple también el artículo 114 que fija la participación de la administración catalana en la gestión y ejecución de las ayudas a la investigación.
