Una vez concluida la instrucción de la causa, el juez ha dictado un auto en el que acuerda la apertura del juicio oral contra los tres procesados, Carmen Badía y sus amigos Joan Sesplugues y Anabel Toyas, que serán juzgados por un tribunal popular en la Audiencia de Barcelona acusados de un delito de extorsión y otro de asesinato con alevosía y ensañamiento.

De las diligencias ordenadas por el juzgado se desprende que los tres procesados, bajo el liderazgo de Carmen B., se pusieron de acuerdo presuntamente para asesinar a la psicóloga Anna Permanyer, golpeándole en la cabeza y asfixiándola con bolsas, con el fin de quedarse con un piso y un aparcamiento de su propiedad falsificando un contrato de arras.

Las defensas pidieron el archivo de la causa por falta de pruebas, pero el juez considera en su auto que existen claros indicios de su culpabilidad, como las contradicciones en que han incurrido, el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas y algunos objetos que se les incautaron, como la «pata de cabra» con la que pudo cometerse el crimen.

Uno de esos indicios lo constituye el propio contrato de arras, firmado por Permayer para venderle a la hija menor de Carmen B. un apartamento de su propiedad en el edificio Atalaya de Barcelona, por el que la supuesta compradora habría pagado a la psicóloga 420.000 euros.

Sin embargo, las diligencias ordenadas por el juez instructor han revelado que la principal acusada nunca dispuso ni pudo disponer de tan elevada suma y los testigos que han declarado en la causa han desmontado la versión que Carmen B. ofreció a la policía sobre dicho contrato.

La acusación particular que ejerce la familia de Permanyer pidió al juez que declarara como responsable civil directa del crimen a Claudia, la hija menor de Carmen B., porque a su nombre estaba el contrato de arras, pero el juez ha evitado enviarla a juicio por la utilización «fraudulenta» de su nombre por parte de su madre.

El auto descarta dejar en libertad a los imputados a la espera de juicio por considerar que existe riesgo de que huyan y de que, en el caso de Carmen B., «por su personalidad» intente influir sobre algunos de los testigos propuestos para el juicio.

Asimismo, el juez instructor fija en 900.000 euros la fianza que los acusados deberían consignar para hacer frente a las indemnizaciones que reclaman la fiscalía y la acusación particular para el esposo de Permanyer y sus cuatro hijos.