El Tribunal Supremo ha descubierto que un olvido del juez Baltasar Garzón ha permitido a Batasuna recuperar, al menos, 48 herriko tabernas que se encontraban embargadas desde 2002. Así lo puso de manifiesto ayer ante los miembros de la Sala del 61 del Supremo el presidente de la Sala de lo Social, Joaquín Samper, ponente de la ejecución de la sentencia de ilegalización.
Fuentes de la Sala del 61 admitieron que los magistrados se quedaron «sumamente preocupados» tras la dación de cuenta de Samper sobre la marcha del proceso de ejecución del fallo de ilegalización, que incluye la liquidación del patrimonio de Batasuna.
Los bienes de 48 herriko tabernas, una red de establecimientos de hostelería que indiciariamente pertenecen al patrimonio de Batasuna, pueden haber volado por el simple hecho de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 no ha prorrogado en plazo la orden de anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad.
Editorial en
La falta de un mandato judicial ordenando la prórroga de las anotaciones preventivas de embargo ha tenido como consecuencia que el registrador de la propiedad, por aplicación del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, se ha visto obligado a levantarlas, lo que significa que Batasuna ha podido volver a disponer de esos bienes.
La Ley Hipotecaria establece que las anotaciones preventivas caducarán a los cuatro años de la fecha de la primera. Por mandato de las autoridades competentes, pueden prorrogarse por plazos sucesivos de cuatro años más, «siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento», señala el precepto mencionado.
En este caso, el juez Garzón, instructor de las diligencias previas 153/00, posteriormente transformadas en el sumario 35/02-M, sobre la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, decretó el embargo de las tabernas del pueblo mediante auto de 29 de abril de 2002 y otros sucesivos.
Los mandamientos al Registro de la Propiedad para que anotase el embargo empezaron a producirse en mayo de 2002 y se sucedieron de forma escalonada durante los meses siguientes.
Desde mayo
De esta forma, según informó ayer Samper a la Sala del 61, el registrador de la propiedad empezó a cancelar las anotaciones de embargo a partir de mayo de 2006, cuando Garzón aún disfrutaba de una licencia de estudios en Estados Unidos que le concedió el Consejo General del Poder Judicial por tiempo de un año y cuatro meses, que terminaron el 1 de julio de 2006.
El resto de las cancelaciones, hasta sumar un total de 48 herriko tabernas, se produjo en octubre y noviembre del pasado año, cuando Garzón ya se había reincorporado al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que hasta el 30 de junio de 2006 se ocupó Fernando Grande-Marlaska.
Las fuentes del Supremo consultadas por este periódico no supieron precisar si Batasuna ha dispuesto, de facto, de los bienes vinculados en esas 48 herriko tabernas para ponerlas fuera del alcance de la Justicia. Pero indicaron que, de confirmarse, «sería gravísimo».
La Sala del 61 empezó el 19 de octubre de 2006 a tomar medidas sobre 140 herriko tabernas situadas en el País Vasco y Navarra que, según los expertos de Hacienda que el Supremo ha designado liquidadores, forman parte del patrimonio de Batasuna. En esa fecha, el Tribunal ordenó la realización de inventarios de todos los bienes de las herriko tabernas, para lo que autorizó a las fuerzas de seguridad a entrar en ellas. Los magistrados tienen pendiente resolver si adoptan medidas cautelares sobre esas sedes.
