La Sala ha aceptado la solicitud del Parlamento vasco de reconsiderar la reclamación de esas subvenciones, un total de 629.000 euros cuya entrega exigió el Tribunal para dar cumplimiento el artículo 12 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. El precepto establece que el patrimonio resultante del proceso de liquidación económica de una formación ilegalizada se ingresará en el Tesoro y se destinará a actividades de interés social o humanitario.

El Supremo ha echado marcha atrás en el requerimiento de esa cantidad, pero ha puesto condiciones: debe certificarse por la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, que al cierre del ejercicio de 2006 se ha tramitado el expediente de anulación de las subvenciones, y debe acreditarse el destino que se dará a ese dinero, «con especial advertencia de que en ningún caso se podrá aplicar en beneficio del grupo parlamentario extinguido ni de ninguno de los miembros que lo integraron, incluso si por resolución administrativa, judicial o de cualquier otro orden se rehabilitara el crédito», reza un comunicado del Supremo.

Ésa fue la solución transaccional -apoyada por la unanimidad de la Sala- propuesta por el magistrado Enrique Bacigalupo para salir del atolladero que se había producido tras una votación celebrada previamente. Por primera vez se registró un empate en la Sala del 61, ocho votos a favor de la propuesta del ponente, Joaquín Samper (que planteó rechazar la reconsideración solicitada por el Parlamento vasco), y ocho votos en contra. Estos últimos fueron Fernando Ledesma, Juan Antonio Xiol, José Luis Calvo, Encarnación Roca, Rosa Virolés, Aurelio Desdentado y Román García Varela, además de Bacigalupo. El presidente del Tribunal, Francisco Hernando, junto a Juan Saavedra, Angel Calderón, Manuel Martín Timón, Ricardo Enríquez, Javier Juliani y Manuel Marchena respaldaron a Samper.

Los que se opusieron a mantener el requerimiento de entrega del dinero argumentaron, en la línea del informe del abogado del Estado, que las subvenciones -que nunca fueron devengadas por SA- no se pueden reclamar porque no forman parte del patrimonio de Batasuna. La fórmula de consenso aceptó esa tesis, pero introduciendo cautelas para garantizar que el dinero no llegue, ni directa ni indirectamente, a Batasuna.

La Sala volverá a reunirse el próximo viernes para analizar las demandas de ilegalización de ASB, la nueva marca de Batasuna. Por su parte, el fiscal general anunció ayer que el 2 de mayo presentará los recursos contra las agrupaciones electorales que pretendan sucederla.