Alcaraz presentó el pasado día 10 en la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra Aznar por presuntos delitos contra la paz por «haber declarado la guerra» a Irak junto a Estados Unidos y Gran Bretaña, un conflicto que, según evaluaciones de distintos organismos internacionales, ha causado la muerte a casi 700.000 iraquíes.

La Fiscalía de Sevilla no se pronunció sobre el fundamento de la denuncia, sino que la remitió a la Audiencia Nacional, ya que este tribunal es el competente para investigar los delitos contra la paz, incluidos los cometidos en el extranjero. De otro lado, Aznar no es diputado en el Congreso, circunstancia que, de darse, hubiera determinado que estuviera aforado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que, tras consultarlo con el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no va a judicializar la denuncia ni va a abrir unas diligencias de investigación propias, sino que va a acordar su archivo al no ver motivos jurídicos para incriminar al ex presidente del Gobierno.

La denuncia de Alcaraz es reproducción de otra presentada el 12 de marzo en la Fiscalía de Málaga por el también dirigente comunista Antonio Romero. La idea era que las distintas fiscalías remitiesen las denuncias a la Fiscalía General y ésta elevase el asunto al Tribunal Penal Internacional.

Los denunciantes solicitaban que se abriese un proceso penal contra Aznar «por su participación desde el primer momento en la declaración de guerra hecha en las islas de las Azores [y] hasta su salida del Gobierno, con el envío de fuerzas militares españolas y el uso por Estados Unidos de las bases en España».

Los actos concretos atribuidos al ex presidente del Gobierno eran que, junto con Bush y Blair, «declaró la guerra a Irak al margen de la ONU y del Derecho Internacional», «puso las bases militares a disposición del despliegue a los Estados Unidos para la ocupación de Irak» y «envió a militares españoles a una guerra ilegal».

También se indica que «envió a funcionarios de Policía a Guantánamo, prisión ilegal donde se conculcan todos los derechos humanos y civiles», «puso en peligro la vida de periodistas, soldados y agentes del CNI en Irak» y «situó a España en el punto de mira del terrorismo islamista».

Los denunciantes sostenían que José María Aznar «basó su decisión en mentiras como la existencia de armas de destrucción masiva o la relación de Irak con el terrorismo islamista».

Las denuncias le imputaban «causar la muerte de cerca de 700.000 iraquíes, la mayor parte civiles», «la destrucción de todas las infraestructuras» del país, «el colapso de todos los servicios sociales» y la generación de 2,3 millones de desplazados.