Para avalar sus denuncias expusieron varios de los casos en los que la influencia política ha tenido un gran peso y que demuestra la gran politización que existe en la Policía, probablemente la mayor que han conocido los representantes sindicales. El primero, el llamado caso Bono, en el que han sido condenados tres policías por la detención ilegal de dos militantes del PP.

El líder de la CEP, Ignacio López, calificó de «sospechosa» la prejubilación aprobada por el Ministerio del Interior del comisario Rodolfo Ruiz, uno de los tres mandos condenados por estas detenciones ilegales. Este comisario fue también el jefe de la comisaría de Vallecas cuando apareció la polémica mochila del 11-M.

Fernando Vázquez Romay, líder de la UFP, coincidió en que el trato a este comisario no es el mismo que el que se dispensa al resto de funcionarios. Ambos consideraron que antes de ser prejubilado debería haber pasado a la segunda actividad, por lo que apuntaron a un posible «trato de favor».

También se refirieron al caso bórico, en el que están procesados mandos policiales de la Policía Científica. Otro de los casos citados por estos sindicatos y que demuestran la politización del Cuerpo es el que bautizaron como caso Parrilla, en el que fueron encarcelados dos policías por, presuntamente, hablar con EL MUNDO. Las quejas de los representantes policiales se acrecentaron por el chivatazo policial a la organización terrorista ETA durante la operación contra el entramado financiero de la banda, realizada por el juez Fernando Grande-Marlaska en mayo del pasado año.

López afirmó: «No vemos ánimo esclarecedor ni por parte de Interior ni por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5» de la Audiencia Nacional, al frente del cual está el magistrado Baltasar Garzón. Y advirtió: «No vamos a dejar que este asunto duerma el sueño de los justos».

El punto de inflexión en la investigación se produjo, según el líder de la CEP, cuando Grande-Marlaska fue sustituido al frente de la misma por Garzón, un juez acostumbrado, dijo, «a manejar los tiempos». Con todo, expresó su confianza en que se conozca la verdad y en que si fue un policía el responsable del soplo, sea condenado por colaboración con banda armada y se asuman «responsabilidades políticas al más alto nivel».

Los representantes sindicales denunciaron que hay en la actualidad demasiados «policías estrellas», fruto de la promoción política y de la falta de aplicación de un criterio profesional para la promoción interna. «Tenemos serias sospechas de los procedimientos de selección», aseguraron los representantes sindicales. Denunciaron el «interés del Gobierno por controlar la Policía», una herramienta operativa muy sensible.

López considera que, como consecuencia de esta situación, se producen episodios de «ineficacia» y «continuos escándalos» que dañan la buena imagen que la sociedad tiene de la Policía. Los casos Bono, ácido bórico o Parrilla, sumados a la política del Gobierno hacia el etarra Ignacio de Juana Chaos o el trato a los inmigrantes del Marine I, dijo el líder de la CEP, dan muestra de la «ineficacia» del Ejecutivo y de su «pérdida de confianza» en la Policía.

Para el secretario general de la UFP, Fernando Vázquez Romay, esta situación se vive desde que el cargo de director general de la Policía dejó de ser ocupado por un profesional del Cuerpo en favor de los políticos. La reciente unificación de la Dirección General de la Policía y la de la Guardia Civil no ha aportado beneficios considerables a la labor policial, según ambos sindicatos.

La coalición de CEP y UFP pretende convertirse en fuerza mayoritaria en el Consejo de la Policía, desbancando así al Sindicato Unificado de Policía (SUP). López acusó a sus dirigentes de haberse convertido en «un lobby que decide quién asciende y qué políticas se siguen» en la Policía. Ambas asociaciones dicen sumar juntas 3.000 afiliados más que el SUP, mayoritario en el Cuerpo.

'CASO BONO'. Un comisario y dos inspectores de la Policía fueron condenados por la detención ilegal de dos militantes del Partido Popular bajo la acusación de haber agredido al ex ministro de Defensa José Bono durante una manifestación de víctimas del terrorismo.

'CASO BORICO'. Mandos de la Policía Científica, con su comisario general al frente, se sentarán en el banquillo, acusados de manipular un informe sobre explosivos destinado al sumario del 11-M y eliminar los párrafos en los que había referencias a la banda terrorista ETA.

'CASO PARRILLA'. El juez Juan del Olmo encarceló a dos policías durante 24 días bajo la acusación de haber revelado secretos a EL MUNDO. El magistrado enmascaró esta actuación en el sumario sobre una mafia policial que se dedicaba al tráfico de explosivos y cuya existencia fue denunciada por este periódico.