Todos los interlocutores sociales están de acuerdo en que hay que terminar, o reducir los accidentes laborales. Pero la realidad camina por otro lado. La sangría humana se mantiene y sólo el año pasado 168 personas murieron en accidente de trabajo y se calcula que en este año habrá diez fallecidos más.
Desde muchas instituciones se han hecho esfuerzos para combatir esta lacra. Uno de los últimos fue desde la Fiscalía de Madrid donde las negociaciones que llevó adelante el teniente fiscal, Pedro Martínez, culminó con un acuerdo por el que los policías municipales podían actuar como policía judicial. El pacto fue firmado por Manuel Moix, fiscal jefe, y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y permite que los agentes puedan intervenir para evitar que se escondan o manipulen pruebas que puedan demostrar la responsabilidad del suceso.
Ayer, la delegada del Gobierno. Soledad Mestre, se unió al esfuerzo, algo que ya había hecho su antecesor, Constantino Méndez. «No podemos seguir así», afirmó al término de la reunión que mantuvo con los representantes de UGT y CCOO, José Ricardo Martínez y Javier López respectivamente.
Mestre quiere un acuerdo que contemple cada muerte como un asesinato u homicidio desde los ámbitos judicial, fiscal y policial, según informa Efe.
«No podemos seguir así», sentenció la delegada del Gobierno, tras expresar su convencimiento de que la colaboración entre instituciones «es la única forma» de que las políticas de seguridad sean eficaces.
Tras transmitir su colaboración para impulsar el Plan de Siniestralidad Laboral 2007 en la Comunidad, recordó que el Gobierno trabaja ya en un convenio que podrían rubricar el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los Ministerios de Trabajo e Interior, los sindicatos y los empresarios, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía.
Este convenio contiene una parte que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como Policía Judicial, algo que para Mestre es «esencial» porque se trata de «asegurar y preservar» las pruebas que se producen en un siniestro grave o en un accidente con resultado de muerte.
«Se trata de que hablen con testigos presenciales, que vean si hay denuncias, aseguren el escenario donde se ha producido el hecho y con ello el procedimiento judicial pueda seguir su trámite con éxito y se puedan depurar las responsabilidades penales», manifestó la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre.
OBJETIVO: ROMPER LA TENDENCIA
Javier López (CCOO) auguró que si se mantiene la tendencia del primer trimestre de 2007, donde se han producido 44 muertos, «alcanzaríamos los 176 muertos por accidente laboral» a final de año. Ante este «nuevo crecimiento» de la siniestralidad laboral en la región, reclamó la puesta en marcha de protocolos de actuación que prevengan los riesgos y actúen «de manera ágil» ante cada accidente para «contener y corregir» el crecimiento de las actuales cifras.
El líder regional de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, expresó la preocupación de ambas centrales sindicales por la paralización del Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de 2007 y por «el caso omiso» que se ha hecho de la proposición no de ley referida a los accidentes laborales que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento regional.
Martínez explicó que habían solicitado a la Delegación que, desde sus competencias y sus posibilidades, asuma el papel de coordinar, instar y promover un «gran acuerdo» en la Comunidad de Madrid.
