Francisco García, el principal acusado por la estafa de CPV proclamó ayer su inocencia. «No me he llevado nada de dinero. Se lo han llevado por otro lado», reiteró en el primer día de juicio. El ideólogo de CPV, que cerró hace cinco años sus oficinas dejando a 2.000 personas sin casa en Sanchinarro, dijo que el «dinero de los clientes se lo habían gastado los síndicos que se encargaron de la gestión de la empresa CPV después de que fuese declarada en quiebra». Sin embargo, admitió que pese a tener «suelo para construir sólo 100 viviendas» aceptó dinero de 400 familias con el fin de «comprar más suelo».
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En la sesión Francisco García fue interrogado por el Ministerio Público y por siete de los 30 letrados que se personan en la causa. Está previsto que el juicio se prolongue hasta julio. El fiscal pide 16 años de cárcel por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental para Francisco García, sus dos hijos y otros tres imputados.
En tono muy despreocupado, García aclaró que la CPV pretendía promover viviendas en los PAU de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, y, por otro lado, actuar como gestor de comunidades de propietarios. Admitió que iban captando clientes al tiempo que buscaban suelo, hasta que llegó un momento, en 2001, en el que «las bajas de los compradores eran tan masivas» que empezaron a vender el terreno comprado para devolver el dinero aportado por las familias, lo que llevó a la quiebra de la empresa. El fiscal señala que a pesar de que los imputados «eran conscientes de los compromisos adquiridos» con los clientes, sólo destinaron tres de los 37,5 millones de euros recaudados a comprar terreno o a devolvérselo a los afectados, incorporando el resto del dinero a su patrimonio. Una de las acusaciones le preguntó por varios recibos facturados en la cuenta de la promotora como «una póliza dental, un apartahotel en la playa o el colegio de la hija de Francisco». Según el acusado «eran gastos de representación de la empresa» ya que él no cobraba ningún sueldo.
El dinero que recibió de los perjudicados se ingresaban en seis cuentas bancarias, tres de libre disposición y otras tres de tratamiento especial. De estas últimas se sacaba el dinero previa justificación del gasto.
García Moreno subrayó que en ningún momento hizo «nada anormal o fuera de la ley, ni que el mercado o la ley mercantil no contemplara». Se refería a las grandes campañas publicitarias que promovió la empresa para ofrecer esas viviendas, gracias a las que llegaron a obtener dinero suficiente para adquirir más de «100.000 metros cuadrados» en las tres promociones y entrar en la junta de compensación de suelo de esos barrios.
Manuel Muñiz, abogado de Francisco García, en la misma línea que su cliente, indicó que «aquí no ha habido una estafa, sino una mala gestión». «Se ha devuelto el dinero a 500 y no se ha reintegrado más porque la empresa fue intervenida». De este modo, Muñiz aseguró que con el dinero que se ha pagado a los síndicos y los bancos, «alrededor de 22 millones de euros», y con «otro tanto» que disponía la empresa, se «podría haber pagado prácticamente al cien por cien de los clientes si la empresa no hubiera sido intervenida».
Luis García Botella, uno de los 30 letrados que representa a 300 afectados, dijo a Europa Press que «tratarán de demostrar que existía un ánimo de no construir viviendas, sino de quedarse con el dinero». «Compraban terrenos y los vendían para obtener importantes plusvalías cuyo destino no está claro, ni se ha sabido nunca».
INSULTOS E INDIGNACION
Muy pocos de los afectados por la estafa de CPV acudieron al juicio iniciado ayer en la Audiencia Provincial. Pero los que se presentaron no dudaron en decirle a la cara a Francisco García lo que habían padecido: «Has jugado con nuestras vidas y nuestras ilusiones», le espetó una de las afectadas. «Espero que se pudra en la cárcel (sólo estuvo 45 días tras su detención), ya que este hombre lleva unos años viviendo de los ahorros de muchas familias. Esperemos que se haga justicia», comentó Rosa.
Esta perjudicada considera que las entidades bancarias en las que se ingresó el dinero deberían responder como responsables civiles subsidiarias. «No entiendo cómo se permitió la salida de cantidades destinadas a las viviendas para otros usos, ya que los bancos se lo han dado a él tranquilamente». Sin embargo, el presidente del tribunal rechazó esta posibilidad al indicar que el caso quedó resuelto cuando no fue admitido a trámite el recurso de casación presentado en su día.
Manuel Lorente aportó 27.045 euros para comprar un piso en Sanchinarro que tampoco se llegó a construir «a pesar de que nos enseñaron una maqueta preciosa e incluso los planos del piso», dijo a Efe. Fernando Recuero, también afectado, entregó una primera cantidad de 3.000 euros como «señal de reserva» para el piso y, a la firma del contrato 6.000 euros, tras lo que ingresaba 300 euros al mes. Sólo ha conseguido que le reintegren unos 12.000 euros de los 24.000 que invirtió.
