Una grave negligencia de Baltasar Garzón permitirá que Batasuna recupere, por lo pronto, 48 herriko tabernas (bares del entorno radical) que le habían sido embargadas, y a cuyo frente se había puesto un administrador judicial mientras se sustancia su pertenencia al entramado financiero-empresarial de ETA. El magistrado olvidó prorrogar las órdenes preventivas de embargo en el Registro de la Propiedad, que han empezado a caducar -como establece la Ley Hipotecaria- a los cuatro años de su inscripción.
Los hechos han causado «preocupación» entre los magistrados del Tribunal Supremo que ayer fueron informados del caso. El despiste de Garzón hace peligrar las actuaciones de la Justicia para liquidar el patrimonio de Batasuna. De hecho, el partido ilegalizado puede disponer de nuevo de estos bienes que habían sido incautados de forma cautelar.
Garzón podría haber incurrido en una falta grave o muy grave recogida en el régimen disciplinario de los jueces, que prevé sanciones cuando un magistrado desatiende la tramitación de procesos o incurre en retrasos injustificados. Hay precedentes, como la suspensión a Guillermo Ruiz Polanco por permitir la excarcelación de un etarra a causa de las dilaciones en la tramitación de varios sumarios de terrorismo. Ello supuso que perdiera su plaza como magistrado de la Audiencia Nacional.
El caso de Garzón es, si cabe, más grave, por su desatención de relevantes sumarios que instruye mientras cultiva actividades que nada tienen que ver con las obligaciones propias de un juez. Es sangrante que no pueda dedicar el tiempo que requeriría un asunto como el del patrimonio del entorno etarra mientras se dedica a hacer entrevistas al presidente Zapatero, a Felipe González o al ministro Bermejo. Es difícilmente explicable que pueda concentrarse en la dirección de un documental sobre la dictadura militar argentina e implicarse hasta el punto de entrevistar personalmente a las víctimas, y pierda la atención sobre asuntos de terrorismo de los que se ocupa en la Audiencia Nacional. Contrasta el tiempo que utiliza en escribir artículos en prensa -en los que no duda en verter opiniones políticas- y en ausentarse reiteradamente de España (nueve veces entre 2003 y 2004) y el que parece faltarle para hacer bien su trabajo.
Ya dijimos que esta suerte de pluriempleo bien remunerado merecía una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial y el tiempo nos ha venido a dar la razón. Mostramos nuestra sorpresa e indignación porque, a día del 11-M, este juez tuviera pendientes de traducir unas 200 cintas grabadas por la Policía a islamistas que supuestamente participaron en los atentados. La febril actividad de Garzón ajena a su trabajo ha acabado condicionando su apretada agenda procesal. Y ya es hora de que rinda cuentas por ello.
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