Aunque la precisión está habitualmente ausente durante las sesiones de preguntas al presidente de la Generalitat, José Montilla tuvo ayer que definirse, a petición de Artur Mas, acerca de uno de los asuntos en el que los socios del tripartito no se ponen de acuerdo: el Cuarto Cinturón. Obligado a elegir, el jefe del Ejecutivo catalán se mostró fiel a las tesis del PSC y, ante Joan Saura y Josep Lluís Carod-Rovira, proclamó que la infraestructura se hará «en esta legislatura» y «tras mantener un diálogo con todo el territorio».
Un día antes, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, había cedido al enfado de ERC e ICV y había aplazado hasta después de las elecciones municipales del 27 de mayo un estudio sobre el impacto del Cuarto Cinturón que había sacado a concurso sin el conocimiento de sus socios.
El líder de CiU, firme defensor de la obra, se interesó ayer por esas divergencias en el Govern. Y Montilla respondió a Mas que el PSC «será coherente» con su apoyo al Cuarto Cinturón.«Desde noviembre de 2006 hasta el 30 de marzo de 2007 se han adjudicado tres tramos de la obra. Estoy seguro de que la haremos, con diálogo con todo el territorio. La hará quien corresponde, el Ministerio de Fomento, y trataremos de solucionar el trazado».
Artur Mas le había echado en cara poco antes su promesa de no gobernar «con nadie que estuviera en contra del cuarto cinturón», mientras que Joan Saura había dicho que «no estaría en un gobierno con nadie» que quisiera llevar a cabo la infraestructura. «¿Cómo podemos hablar de un plan nacional de infraestructuras si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo ni en una carretera?», le había espetado.
El Cuarto Cinturón no fue la única infraestructura sobre la que habló el presidente de la Generalitat. Montilla también se comprometió a conseguir para el Gobierno catalán durante esta legislatura la gestión de los «aeropuertos menores» -el de Girona y el de Reus, en los cuales se han establecido algunas importantes compañías de bajo coste-, la de las Cercanías de Renfe y, pese a que «no figura en el Estatut», afirmó que «habrá gestión consorciada» entre el Estado y la Generalitat del aeropuerto de El Prat.
Las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno de España a cuenta de la aplicación del Estatut fueron también protagonistas en la pregunta del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana.Muy crítico con un hipotético nuevo recorte del texto por parte del Tribunal Constitucional (TC), Joan Ridao se interesó por la última reunión que mantuvieron representantes de las dos administraciones, que tuvo lugar el lunes entre Montilla y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
En esta ocasión, el presidente de la Generalitat se mostró conciliador con ERC, y aseguró que «el Govern no será negligente» en cuanto al despliegue del Estatut y la tranferencia de competencias, y que «no aceptará dilaciones injustificadas del Gobierno de España». «Que quede claro», apostilló. En todo caso, afirmó que su Ejecutivo está llevando a cabo «el despliegue del Estatut más ágil y eficaz de toda la historia de Cataluña».
La sesión de ayer en el Parlament también sirvió para que la Cámara acordase por unanimidad tramitar el proyecto de ley de creación del Consell de la Cultura i de les Arts, organismo que velará por el desarrollo de la actividad cultural en Cataluña, pero que también tendrá margen de maniobra para decidir el destino de fondos públicos.
Los grupos de la oposición, CiU, PP y Ciutadans, coincidieron ayer en advertir del riesgo de politización del Consell. La diputada convergente Carme Vidal se mostró escéptica acerca de «cómo se distribuyen los recursos que canaliza el proceso político», mientras la popular Carina Mejías cree que el proyecto está «lejos» de la idea original, informa Efe.
El Parlment también acordó por unanimidad iniciar la tramitación de la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audivoisuales, aunque los partidos catalanes mantienen dudas sobre la composición de la cúpula directiva del organismo.