Esta vulneración, según las asociaciones, se produce en el préstamo bibliotecario, por la falta de acuerdo en la aplicación del canon por copia privada y ante el «escandaloso» uso por las editoriales de la figura de «obra colectiva» sin respetar la Ley de Propiedad Intelectual, informa Europa Press.

El manifiesto, presentado por el presidente de la AELC, Guillem-Jordi Graells, y el secretario general de la ACEC, José Luis Giménez-Frontín, resalta que el «respeto social» al derecho de autor indica la sensibilidad democrática del país. De igual manera, asegura que «no es cierto» que la remuneración al autor por el préstamo de su obra sea «un atentado» contra el servicio público y considera «dudoso» que el préstamo bibliotecario no conlleve algún «perjuicio económico» al autor.

Los escritores también apuntaron que no se puede considerar como «abusiva» la cantidad de 0,20 euros como pago por cada obra adquirida para préstamo independientemente de su número. Según Giménez-Frontín, esta cantidad «no cerrará bibliotecas» y lamentó que «se haya montado un circo mediático por unas cantidades pequeñas». El manifiesto dice que el préstamo bibliotecario no es «un impuesto o canon, es un derecho de autor», lo que permite que intervenga el Tribunal Europeo de Justicia. Sin embargo, quiere dejar claro que el derecho de autor por préstamo bibliotecario no se puede confundir con el canon por copia privada. «No puede ser que uno se pueda bajar de Internet un texto protegido», añadió el secretario general de la ACEC.

El manifiesto también da un toque de atención a las editoriales porque «no se puede confundir el autor de textos, traducciones, adaptaciones, ediciones críticas o compilaciones con un proveedor empresarial». Para los escritores, «la autoría no es atribuible a los llamados equipos editoriales» y «es escandalosa la utilización editorial de la figura de obra colectiva al margende la Ley de Propiedad Intelectual». Giménez-Frontín apuntó que controlan a las editoriales, «de renombre y nuevas», que están cometiendo este «posible fraude de ley» y no descartó que si no se llega a un acuerdo se pueda acabar en los tribunales.