El Departament de Salut de la Generalitat y el Colegio de Psicólogos de Barcelona están ultimando un protocolo para controlar los exámenes que se realizan a los solicitantes de licencias de armas con el fin de evitar, entre otras irregularidades, que se presione a los profesionales para que aprueben a los aspirantes, tal y como denunció EL MUNDO el pasado mes de febrero.

Hace dos meses, Sanitat inició un expediente informativo al conocer que diversos psicólogos habían denunciado que recibían amenazas desde los centros médicos homologados por la Generalitat y el Ministerio del Interior para realizar pruebas físicas y psíquicas a las personas que piden una licencia de armas. Las presiones llegaban al punto de que los profesionales no cobraban por su trabajo si no daban un «apto» a los solicitantes.

El director de Recursos Sanitarios de la Generalitat, Rafael Manzanera, explicó ayer a este diario que ante «un tema tan grave» decidieron reunirse con expertos del Colegio de Psicólogos de Barcelona para elaborar un protocolo que estableciera «criterios de calidad» de estos exámenes que prácticamente no están regulados.Además, se está preparando un método «para revisar la buena práctica» de los psicólogos y evitar que sufran presiones y amenazas desde las direcciones de estos centros privados, para que no den «no aptos» a sus clientes. Con esta iniciativa, según explicó Manzanera, se pretende «establecer una serie de criterios para revisar la buena práctica psicológica» ante «unas condiciones difíciles» que estaban sufriendo estos profesionales.

Por esta razón, las investigaciones del Departament de Salut estuvieron encaminadas a mejorar la labor de los psicólogos y, para ello, contactaron con su colegio profesional de Barcelona.

El pasado mes de febrero, el decano del Colegio de Psicólogos de Barcelona, Jaume Almenara, ya aseguró que la información de las presiones a los profesionales desde estos centros médicos había generado «mucha preocupación» en este colectivo profesional, por lo que esta situación fue debatida en la Junta de la institución.

Para obtener una licencia de armas, que expide la Guardia Civil, es necesario el DNI, el certificado de penales y un certificado psico-físico. Este último requisito se expide en centros médicos homologados por el Ministerio del Interior y supervisados por la Generalitat de Cataluña. Estas instalaciones remiten a los demandantes a un psicólogo que examina al solicitante para comprobar si está suficientemente equilibrado emocionalmente para poseer armas de fuego. Los centros pagan cada uno de estos certificados a los facultativos, que les cuesta unos 45 euros a los demandantes, aunque esta cantidad la estipula cada empresa sin que se haya regulado ningún tipo de tarifa.

Diversos profesionales coincidieron en explicar casos similares.Después de negarse a dar un apto al solicitante, éste se quejó de su situación al centro médico, cuyo director finalmente les concedió el «apto». Por si fuera poco, los psicólogos tienen además una responsabilidad durante los primeros meses que se otorga la la licencia y en caso de que se produjera un incidente con el arma de fuego, deben incluso acudir al juicio.

Tras el caso Sudanell y sobre todo, el del yerno de los Tous, se reabrió en Cataluña un debate sobre el uso de armas de fuego como autodefensa. En este contexto diversos psicólogos se pusieron en contacto con este diario para denunciar que recibían presiones de los centros médicos en los que se expeden los certificados para que dieran «aptos» a los solicitantes. La razón es simple: si se corre la voz de que en alguno de estos centros se otorgan «no aptos» iría en perjuicio de los dueños de estas instalaciones -en España hay medio millar- porque perderían clientela.

El director de Recursos Sanitarios de la Generalitat anunció tras la publicación de estas amenazas que abrirían una investigación para esclarecer esta situación.

Manzanera explicó que debido al temor que tienen los psicólogos a posibles represalias y a perder sus puestos de trabajo han tenido dificultades para encontrar profesionales que les relataran estas amenazas. Por este motivo, se ha decidido enfocar los trabajos en la prevención y no tanto en el castigo, aunque no está descartado que se adopte alguna medida disciplinaria contra alguno de estos centros médicos.

Además de controlar que no se vuelva a presionar a los psicólogos, Manzanera explicó que están estudiando implantar «un cuadro de revisión y unos estándares de evaluación» de los exámenes para homogeneizar estos test. Con todo ello, según señaló el director de Recursos Sanitarios se pretende que estas pruebas sean «mucho más profesionales» que hasta la fecha.