Jueves, 19 de abril de 2007. Año: XVIII. Numero: 6332.
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Políticas activas para evitar la proliferación de armas

El Departament de Salut ha reaccionado con agilidad y eficiencia ante un problema, denunciado en su día por este diario, que no es exactamente de su competencia pero que puede paliar la preocupante proliferación de armas de fuego legales como consecuencia de la alarma social por el incremento de los asaltos violentos a domicilio. El 6 de febrero, EL MUNDO denunció que los psicólogos encargados de realizar los test a los solicitantes de un permiso de armas recibían presiones de los centros médicos para los que trabajaban con la finalidad de calificar de aptos a todos los solicitantes posibles so pena de no cobrar por su trabajo. Es decir, obtener el certificado médico era casi una garantía, lo que posibilitaba, en la práctica, que cualquiera obtuviera una licencia de armas. Ese mismo 6 de febrero, Salut abrió un expediente informativo. Tras algo más de dos meses de investigaciones, el Departament ha llegado a la conclusión de que los hechos denunciados por este diario eran meridianamente ciertos. Y han decidido poner medidas. A partir de ahora no será tan fácil obtener el certificado médico oficial obligatorio para obtener una licencia de armas de tipo B -exclusivamente para la protección personal-, porque la Generalitat va a controlar rigurosamente los test psicotécnicos realizados a los solicitantes y será la Administración quien, a la vista de los resultados, acabará por establecer si quien va a ser portador o poseedor de un arma tiene suficiente equilibrio psicológico para ir armado. Según los datos de la Guardia Civil, en Cataluña en 2006 sólo 23 de las solicitudes de permiso de armas llevaban una recomendación negativa del psicólogo. Una cifra ciertamente increíble, aunque lejos de los ceros de Extremadura y La Rioja.

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