Roverato, con el apoyo de los representantes de los trabajadores de Eiffage, consiguió que la mesa constituyente de la junta anulara los derechos de voto de 89 accionistas «por tener el denomidador común de ser españoles», según afirmó el presidente de la compañía. Entre estos accionistas se encuentran la inmobiliaria Rayet, que posee un 4,21%, y Luis Portillo, presidente de Inmocaral, que controla un 2% a título personal. Pero en la lista de los 89 figura todo tipo de accionistas, desde personas físicas a jurídicas pasando por infinidad de fondos internacionales, según confirmaron a este diario fuentes cercanas a Sacyr presentes en la junta. Para Roverato la lista completa, representativa del 17,5% del capital de Eiffage, sonaba a española, así que no tenía derecho a voto por estar supuestamente concertados con Sacyr.

Luis del Rivero oyó en primera persona la decisión tomada por la mesa constituyente y la calificó de «ilegal», para abandonar inmediatamente la junta en señal de protesta. Los representantes legales de Sacyr sí que permanecieron en ella y, a partir de entonces, votaron en contra de todos los puntos extraordinarios.

Una nota posterior hecha pública por Sacyr denunció que la decisión «de cancelar los derechos de 89 accionistas por tener la misma nacionalidad, lo que supondría una acción concertada, es ilegal. Además, la ha tomado un órgano (la mesa de constitución de la asamblea) que no tiene competencia para constatar la existencia o no de una acción concertada».

Además, fuentes de Sacyr consideran ilegal que los directivos de Eiffage tuvieran en su poder, con antelación a la junta, la lista de accionistas representados. La compañía española reafirmó ayer que actúa en solitario y de forma independiente, y anunciará en los próximos días las acciones que emprenderá para «protestar contra la validez de la asamblea» y denunciar que su celebración ha perjudicado «gravemente los derechos de los accionistas».

Por su parte, el grupo Rayet manifestó ayer que su inversión en Eiffage «se ha realizado de forma totalmente autónoma e independiente de cualquier otro grupo inversor», negando así las acusaciones de Roverato de supuesta concertación con Sacyr. Rayet consideró ayer «completamente ilegal e irregular la decisión de la presidencia de Eiffage», a la vez que denunció que pese a tener 3,9 millones de acciones, sólo han sido reconocidas 13.000, cuando sólo un día antes contaban con el certificado de validez más de 3,7 millones de acciones.

Para Rayet, las decisiones adoptadas ayer en la junta son «totalmente nulas» por no ser «en absoluto acordes a derecho», por lo que el grupo español también «ejercerá todas las acciones necesarias ante las jurisdicciones que correspondan». Tanto Sacyr como Rayet podrían acudir a la vía judicial ordinaria en Francia, al regulador bursátil del país y también a la propia Comisión Europea, ya que pueden haberse violado también las leyes comunitarias de mercado interior.

Norma francesa

Pero tras la junta, el presidente de Eiffage no sólo no se arredró ante la previsible avalancha de demandas que se avecina, sino que pasó de nuevo al ataque al anunciar que llevarán a Sacyr ante los tribunales por haber infringido la normativa bursátil francesa. «Es muy grave haber tratado de contravenir las leyes de los mercados», afirmó Roverato tras la junta. Desveló, asimismo, que desde la entrada de Sacyr en Eiffage había recurrido en tres ocasiones a la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) por las maniobras del grupo español. La investigación de AMF, según Roverato, demuestra que hay «hechos penalmente reprensibles».

Para Roverato, la supuesta concertación de todos los accionistas españoles daría a Sacyr el control de más del 33,2% que posee, con lo que estaría obligada a lanzar una OPA, tal y como establece la legislación francesa para accionistas que superan el 33,3%. Pero Sacyr no quiere tomar el control, sino contar con cinco consejeros en Eiffage para establecer sinergias con el grupo.