Aunque Garzón intentó ayer desplazar la responsabilidad a Grande-Marlaska, fuentes del Supremo ratifican que una parte «muy significativa» de los asientos caducaron en octubre y noviembre pasados, cuando Garzón ya había regresado de su periplo americano.

El vencimiento de los asientos registrales de embargo de esas 48 tabernas del pueblo no es el único descubrimiento de la Sala del 61.

Los liquidadores del patrimonio de Batasuna que trabajan para el Tribunal Supremo han constatado también que, durante la administración judicial de las herriko tabernas decretada por Garzón y que se mantiene desde mayo de 2003, se han producido ejecuciones hipotecarias de bienes de herriko tabernas «con la consiguiente pérdida patrimonial» para el Tesoro Público, según el informe expuesto a la Sala por el magistrado ponente, Joaquín Samper, el pasado martes.

Tras la dación de cuenta del ponente, se acordó reclamar a Garzón que «informe a esta Sala en relación con el estado que mantienen los embargos trabados sobre los locales ocupados por las herriko tabernas en su día acordados en el sumario 35/02» del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El informe de Samper causó una «enorme preocupación» entre los magistrados de la Sala del 61, dijeron fuentes del Tribunal, que trata de asegurar que todo el patrimonio de Batasuna -incluido el que puede figurar a nombre de otras personas físicas o jurídicas para encubrir la real titularidad del partido ilegalizado- se ponga a disposición del Tesoro, tal como ordena la Ley Orgánica de Partidos Políticos. (LOPP).

Según consta en ese informe, los liquidadores han puesto de manifiesto a la Sala «la efectiva desaparición sobrevenida de las medidas de embargo que pesaban sobre determinados inmuebles que sirven de base a varias herriko tabernas».

Fuentes del Alto Tribunal precisaron que se trata de 48 bares del entorno abertzale, indiciariamente propiedad de Batasuna, cuyas anotaciones preventivas de embargo en los correspondientes registros de la propiedad caducaron en mayo, octubre y noviembre de 2006.

Las mismas fuentes explicaron que, aunque el embargo de esos bienes y la inicial orden de anotación registral se acordaron por Garzón mediante auto de 29 de abril de 2002, los asientos de muchas de las herriko tabernas afectadas no pudieron llevarse a cabo materialmente por parte de los registradores hasta octubre y noviembre de 2002.

Ello fue así porque los mandatos iniciales presentaban defectos formales que dieron lugar a su devolución al Juzgado, el cual dictó varias resoluciones posteriores con el fin de subsanarlos. Sólo entonces pudo practicarse la anotación preventiva de embargo.

De esta forma, si bien las primeras anotaciones vencieron en mayo de 2006, momento en que Fernando Grande-Marlaska atendía el Juzgado Central de Instrucción número 5, otros asientos caducaron cuando Garzón ya se había reincorporado al órgano judicial del que es titular tras estar un año y cuatro meses disfrutando de una licencia de estudios en Estados Unidos. El permiso se le acabó el 1 de julio de 2006.

Garzón notificó ayer un auto, que lleva fecha del pasado viernes 13 de abril, en el que intenta desplazar la responsabilidad del asunto a su compañero Grande-Marlaska, actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

«Visto que con fecha 29 de abril de 2006 [cuando Marlaska estaba al frente del Juzgado] quedaron sin efecto las anotaciones registrales en su día acordadas, procede expedir los mandamientos para ordenar la anotación nuevamente de las medidas cautelares que ahora se ratifican», señala el auto.

En la parte dispositiva de la resolución, Garzón acuerda «ratificar el embargo y prohibición de disponer [de los bienes de determinadas herriko tabernas] acordado por resolución de fecha 29 de abril de 2002 y expedir mandamiento dirigido a los registros de la propiedad con el fin de proceder» a las correspondientes anotaciones.

Además, el instructor requiere a los registradores «para que informen al Juzgado si ha existido algún acto de disposición» sobre los bienes de esas tabernas, que han estado desde mayo, octubre o noviembre pasados sin anotación de embargo.

En la estrategia de rechazar responsabilidades, Garzón tuvo ayer la ayuda del presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, que dijo en Salamanca, donde acudió a unas jornadas, que Garzón «no es culpable» del levantamiento de las anotaciones registrales de embargo «puesto que, entre otras cosas, estaba ausente con licencia de estudios en Nueva York cuando sucedió», informa Europa Press. También Dívar ponía, así, el foco sobre Grande-Marlaska.

Además del problema de la caducidad de las anotaciones preventivas de embargo en los registros, los expertos de la Agencia Tributaria que el Supremo ha nombrado liquidadores del patrimonio de Batasuna han descubierto otras anomalías.

De acuerdo con el informe expuesto por Samper, «hay constancia de ejecuciones hipotecarias en favor de terceros respecto de bienes de herriko tabernas, con la consiguiente pérdida patrimonial a los efectos de esta ejecución [la del fallo de ilegalización de Batasuna] y para el Tesoro Público en cuanto a la satisfacción de los fines de interés social o humanitarios a que se refiere el artículo 12.1.c) de la Ley Orgánica de Partidos Políticos».

Las fuentes consultadas explicaron que, pese a la administración judicial acordada por Garzón, algunas herriko tabernas han dejado de hacer frente a créditos bancarios, lo que ha determinado que los inmuebles que ocupaban esas herrikos hayan sido adjudicados a las entidades acreedoras.

Las mismas fuentes dijeron que, con un adecuado control de la administración judicial, esas obligaciones no habrían dejado de ser atendidas y los inmuebles seguirían estando embargados y a disposición de la Justicia para, en su caso, ser ejecutados a favor del Estado.