Tanto en el auto por el que vuelve a ordenar los asientos registrales como en una nota de prensa, Garzón afirma que las anotaciones decretadas en 2002 caducaron el 29 de abril de 2006, a los cuatro años del primer auto.

Esa interpretación contraría la ley hipotecaria, según la cual «las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma». Numerosas de las anotaciones de embargo de 'herrikos' se efectuaron en octubre y noviembre de 2002, por lo que caducaron en octubre y noviembre de 2006.

Garzón asegura que «ha comprobado personalmente en una revisión exhaustiva de la causa que la anotación preventiva de las medidas cautelares habría caducado el 29 de abril de 2006, fecha en la que este titular se encontraba disfrutando de una licencia por estudios en Estados Unidos».

Afirma que las noticias de prensa (reflejo de la reunión del Supremo) «contienen datos inexactos e inveraces» y asegura que «en ningún momento ha existido el más mínimo riesgo de que los bienes embargados por este Juzgado hayan corrido el mínimo riesgo de pasar a posesión o disponibilidad diferente de la actual de sus titulares», ya que el embargo sigue vigente y la disposición de esos bienes «era imposible» porque «tendría que ser autorizada por el administrador judicial y por el magistrado, además de informada por el fiscal», so pena de incurrir en alzamiento.