DAVID GISTAU
Un atentado como el del 11-M no puede ser otro papel sepultado en la pila de informes, en la rutina estadística. Ante un suceso como el 11-M, un mando con una mínima punzada vocacional jamás debería desinteresarse ni delegar en sus subordinados igual que si se tratara del robo de un bolso o de un gato atrapado en la copa de un árbol. Mientras otros funcionarios interrumpieron sus permisos para ofrecerse en la zona cero, el entonces comisario de la brigada provincial de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, ni siquiera salió de su despacho durante el 11-M. Durante su comparecencia de ayer, usó como coartada la función «auxiliar» de su unidad para borrarse de la jornada y esquivar asuntos tan incómodos como la mochila de Vallecas o la furgoneta Kangoo con un «no tengo ni la más remota idea» general que le convirtió en otro de los jefes policiales que han acudido a la sala a escurrir el bulto. Tan ajeno se confesó a la movilización policial durante aquellas horas urgentes, que preguntado por el momento en que empezó a calibrarse la teoría islámica dijo que él de eso se fue enterando «por la prensa y por los comentarios» informales que llegaban a comisaría. O sea, que un profesional con responsabilidades de mando no tenía mayor motivación por enfrentarse a un crimen histórico ni mejores fuentes de información que un tipo que se hubiera pasado por ahí a arreglar la máquina del café. Santano pasa palabra.
A pesar de ello, en junio de 2004 fue premiado por el Gobierno socialista con un ascenso a comisario general de la Policía Científica: ¿El servicio político mejor valorado que el mérito policial? De ser así, el caso de Santano explicaría la aplicación del principio de Peter a todos aquellos funcionarios ascendidos a los que el juicio está desnudando las negligencias y las lagunas de memoria y que después del atentado tendieron a subir «hasta el nivel máximo de su incompetencia». El principio de Peter, que también explica las complicidades entre mediocres en la cúpula para ayudarse unos a otros a mantener los privilegios -los despejes a córner de los mandos durante los interrogatorios mucho tienen de esto-, determina asimismo que la insolvencia se compensa mediante la coacción al profesional eficaz que ocupa una escala jerárquica inferior. Esta hipótesis la tienen más que confirmada los peritos del ácido bórico, coaccionados por el imputado Santano, por los medios que prolongan al Gobierno que le ascendió, y hasta por el juez que gusta de entrevistar en íntimo tête-à-tête al presidente.
Por lo demás, Gómez Bermúdez protegió con sensibilidad y reflejos a una víctima que, a preguntas algo enredadas del fiscal, a punto estuvo de renunciar sin tan siquiera darse cuenta a una indemnización. Fue la misma sensibilidad con que atendió sin interrumpirlas a las seis víctimas de la víspera propuestas por otra parte. Y Santiago Cuadro negó haber pasado a Díaz-Pintado la información sobre el titadyn que agregó confusión a las primeras teorías de investigación y argumentó el ejercicio de difamación contra Acebes. Uno de los dos miente, y eso sí que es «seguro».
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