Intervinieron, por parte del Gobierno la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Éste desmontó las tesis del PP sobre la supuesta lenidad al aplicar la Ley de Partidos a Batasuna, pero ninguno de los dos aclaró por qué el Ejecutivo dio por buena la verificación del alto el fuego de ETA, aunque la banda mantenía su actividad.

Ambos se escudaron en la seguridad para no hacer públicos los informes policiales sobre este asunto. «Los análisis que hacen los servicios de seguridad en todo el mundo son para que la Policía trabaje mejor, para que los jueces sean más eficaces, y no para ser aireados de forma alocada e irresponsablemente», dijo De la Vega. «Ustedes son desleales con el Estado y con los españoles, y cada vez que el PP dice que el Gobierno está arrodillado ante ETA, ETA se frota las manos», dijo el ministro.

Las tesis de los populares Angel Acebes, Eduardo Zaplana, Dolors Nadal y Jaime Ignacio del Burgo son que el Ejecutivo cedió ante ETA, que permitirá que esté presente en las elecciones autonómicas y forales y que miró para otro lado y negoció cuando la banda mantenía la extorsión, robaba armas y se preparaba para atentar.

Sobre la Ley de Partidos, el PP reiteró que el Gobierno permite que Batasuna esté en las elecciones a través del PCTV. Rubalcaba le replicó que es falso porque este partido ha anunciado que no se presentará.

Los populares insistieron en que el Gobierno no actúa para impedir que Batasuna utilice otras vías para estar en los comicios y Rubalcaba les recordó que él mismo ha iniciado los trámites para impedir la inscripción del nuevo partido, ASB, y que la Fiscalía y la Abogacía del Estado han anunciado que actuarán contra centenares de agrupaciones de electores que promueven la formación ilegalizada.

Sobre ANV, el ministro recordó al PP que es un partido legal -recibió 1.700 euros de indemnización del Gobierno de José María Aznar- y que el Ejecutivo se propone vigilar las candidaturas que presente por si es posible actuar. «Las miraremos no con lupa, sino con microscopio», añadió De la Vega, para ratificar que el Gobierno ha tomado la decisión de impedir que Batasuna se presente.

Vicepresidenta y ministro acusaron a sus oponentes de hacer de altavoces y propagandistas de los terroristas, y los diputados del PP utilizaron duras expresiones: «Ustedes han mentido cada vez que han negado sus contactos con ETA y Batasuna y mintieron al afirmar que habían verificado la voluntad inequívoca de ETA de abandonar las armas mientras las autoridades francesas decían lo contrario y mientras se asesinaba a inocentes», y «usted miente cuando niega conocer la conexión entre el PCTV y ETA y cuando afirma su voluntad de aplicar la Ley de Partidos».

En el mismo tono, De la Vega y Acebes sacaron todos los cadáveres de los armarios de cada uno. Acebes preguntó sobre el informe de Europol sobre ETA y cuestionó la legalidad de los documentos mencionados por Rubalcaba para asegurar durante el alto el fuego que los terroristas habían abandonado la acción armada.

A De la Vega la pareció indigna la pregunta: «Jamás creí que iba a ver a un ex ministro del Interior blandiendo contra el Gobierno informes sobre la lucha antiterrorista. Ceje de una vez de hacer de altavoz de los terroristas», dijo. Y no se olvidó de recordar el caso del voto por correo en Melilla o la actuación del Gobierno del PP entre el 11-M y el 14-M.

Acebes salió como un toro: «No tengo problemas de hablar de mentiras. La mentira es la verificación que habían dicho a todos los españoles Rubalcaba y Zapatero del alto el fuego de ETA, que era mentira». Y no olvidó recordar los papeles de Laos o el caso Roldán.