Situada a dos pasos de la estación de Metro de Alto Extremadura, la calle de Clemente Fernández destaca sobremanera en un paisaje plagado de grandes edificios de ladrillo no especialmente bellos. A ambos lados de su adoquinada vía, en esta calle emergen pequeños chalés de no más de dos alturas que trasladan al viandante a otra época alejada del estrés y el hacinamiento. Pero el hechizo es fugaz. Rápidamente, el espectador vuelve al presente cuando comprueba que hay más vados permanentes que viviendas y es casi imposible encontrar una casa que no esté protegida por una gran verja o por una potente alarma de seguridad. Pero las hay. Son dos. Y están protegidas por los gitanos Montoya, lo que son palabras mayores en la zona.
Las dos viviendas, ubicadas en los números 24 y 28, están en construcción. En su verjas cuelga un cartel de madera con un escueto «Hay guarda. Gitano Montoya», escrito en mayúsculas temblorosas. Supuestamente, con este aviso deben espantarse todos los posibles rateros con ganas de asaltar las obras al caer la noche. Pero, ¿quiénes son los Montoya?
Las personas de su etnia que viven por los alrededores no quieren decir ni mu sobre ellos, pero los vecinos y trabajadores del Alto de Extremadura sí son más habladores. Siempre y cuando se les trate con el más absoluto anonimato. «Por si acaso».
Según sus palabras, los Montoya son un clan gitano asentado en la zona desde hace años. Los negocios relacionados con la «guarda de obras», como la promocionan ellos cuando llega «a su territorio» un constructor novato, los llevaba uno de su integrantes, de 36 años, hasta que hace unos meses dio con sus huesos en la cárcel por varios delitos. Ipso facto, la vigilancia y las cuentas pasaron a ser responsabilidad de uno de sus seis hijos, de apenas 18 años.
No es que los vigilantes elegidos por la familia Montoya produzcan un temor o un respeto especial, ni a los atracadores ni a los propios constructores. Es habitual verlos sentados en algún andamio, leyendo revistas o atentos a todo, menos a los pormenores de las obras. Claro que, tal y como menciona uno de los promotores afectados, «si no se quieren disgustos, no hay otra opción que pagarles este impuesto revolucionario». El precio es de mil euros mensuales.
En un principio, los encargados de ambas obras se negaron a pagar. La más avanzada es la del número 28, que corre a cargo de Suministros e Instalaciones La Elipa. Según un vecino, un mes el promotor tuvo la osadía de no hacer el pago correspondiente. Poco después, la obra apareció incendiada. Las pérdidas ascendieron a los 12.000 euros. Suma Europea de Servicios, la compañía que se hace cargo de la construcción de la casa del número 24, también tuvo reticencias a la hora de pagar. Las obras comenzaron el 17 de abril con un presupuesto de 105.198,86 euros. A los tres meses ya habían sufrido diversas averías que alcanzaron los 1.800 euros. Ahora también pagan.
«Es una locura, pero no pueden hacer otra cosa que pagar. Y lo peor es cuando empiecen a poner las tuberías y el cobre, porque entonces van a ser los propios Montoya los que van a llevarse el material. Tendrán que dormir los encargados en la obra para que no falte nada, porque a estos les da igual. No tienen miedo y se creen impunes», asegura un vecino. «Son respetados, conocidos y muy peligrosos», explica otro. «Además, tienen mucho poder. Hace nada les han dado una casa de Protección Oficial, y como les pareció poco, ¡hasta le dieron la pintura!», puntualiza escandalizado.
Con todo, estando los Montoya al control, los robos en las obras han disminuido, cuando no desaparecido. Es un dato que no tranquiliza a los vecinos de la calle de Clemente Fernández, sino todo lo contrario. Se consideran «daños colaterales». «Puede que nuestras casas parezcan cárceles con tanta verja», aclara una vecina, «pero muchas veces, cuando vienen a robar a las obras, ven el cartel, no se atreven, y acaban entrando a robar a nuestras casas, aunque estemos durmiendo dentro».
PIDEN QUE LOS AFECTADOS DENUNCIEN
No aceptar el chantaje y denunciar. Ese es el mensaje lanzado por la Asociación de Empresarios de la Construcción de Madrid y la Asociación de Gitanos Yerbabuena a los promotores que ven cómo sus obras son amenazadas si no aceptan determinados servicios de vigilancia nocturna.
«Hemos pedido a nuestros asociados que no cedan a las presiones de los que amenazan con robos y destrozos si no les contratan», asegura un portavoz de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Madrid al ser preguntado al respecto.
«Sí, es algo que se da habitualmente, por eso hay que ponerlo siempre en manos de la Fuerzas de Seguridad del Estado», comenta José Manuel Cortés, secretario general de la Asociación de Gitanos Yerbabuena en referencia a las extorsiones donde los vigilantes son de etnia gitana. «Si el gitano sobrepasa la ley, sobre él debe caer la Justicia, porque en este país, si se transgrede la legalidad siempre hay que denunciar, se sea de la raza que sea», aclara.
«No se debe contratar como vigilante a ninguna persona, sea gitana o no, que no esté respaldada por una compañía de seguridad», señala el secretario general de Yerbabuena, que también quiso hincapié en que tras ese negocio fraudulento se hallan también los intereses de los constructores y promotores. «Muchos salen ganando contratando gitanos para la seguridad, ya que en vez de pagarles 400.000 pesetas al mes le pagan 100.000», explica.
Para poner fin a este problema, Cortés propone «que todas las partes se comporten con seriedad, ya que si bien hay algunos que aprietan y sobornan al constructor, muchos de ellos se aprovechan y por eso no denuncian».
Algunos promotores, por su parte, no lo ven tan fácil. «Sólo tenemos dos opciones, la a, y la a bis, las dos igual de malas para nuestros intereses. Porque si denunciamos luego no viene la Policía por la noche para que a nuestra obra no le pase nada», se queja un promotor que quiere guardar su anonimato. Esta problemática se ha extendido por España, donde son habituales las peleas entre clanes que quieren hacerse con la vigilancia nocturna de ciertas edificaciones. Incluso se ha creado una empresa dedicada a ello de manera legal, 'Gaó Caló' («pueblo negro» o «gitano»).
