L. B. B.
Se trata de un negocio ilegal, pero eso no es óbice para que quienes lo ejercen opten por un perfil bajo a la hora de publicitarlo. Por eso gente como Valentín no duda en dejar su tarjeta de visita cada vez que ve que empieza a funcionar la maquinaria de una obra que no está vigilada por las noches. «Valentín. Guarda de Obras y Control de Conserjería», reza el membrete con el que se promociona. La papeleta se completa con la figura sombreada de un vigilante y dos números de teléfono móvil. Pese a todo, al susodicho es difícil localizarlo. Cuando se le llama, suele tener los móviles apagados y el buzón de voz salta automáticamente. Si la línea da señal, al otro lado del auricular responde una mujer. Pregunta quien desea hablar con Valentín y por qué. Tras escuchar atentamente y en silencio, si le convencen las razones, insta a que llamen «en media hora». Entonces, y sólo entonces, Valentín se pone al aparato.
Se presenta con la mayor naturalidad. Su tono de voz es agradable, y se muestra amistoso durante toda la conversación. «Yo vigilo las obras de seis de la tarde a ocho de la mañana, y el día entero los sábados y domingos», especifica. Su radio de acción abarca al norte de la Comunidad de Madrid. «En Sanse y Alcobendas yo controlo», responde cuando se le pregunta por las zonas en las que trabaja habitualmente. Se le nota que se maneja bien el negocio. Es capaz de hablar de los elevados precios con los que trabaja con total normalidad, intentando que su interlocutor no se asuste. Su forma de llevar la conversación telefónica no tendría nada que envidiar a la efectuada por un buen comercial.
«Mis servicios dependen de la obra a vigilar. Por cuidar la construcción de una casa de 100 metros cuadrados el precio varia entre los 1.800 euros y los 3.500 al mes. Pero habría que ver la obra, todo depende. Siempre hay que verla antes», dice con total aplomo. Según cuenta, los altos precios responden a la fiabilidad de su trabajo. «En las obras que vigilo nunca hay problemas», repite una y otra vez. Y para dar más fuerza a sus comentarios, echa mano de la experiencia. «Llevo mucho tiempo con esto. Aproximadamente más de dos décadas», presume antes de ofrecerse a visitar la futura construcción en cuestión lo antes posible para pactar el precio definitivo.
Según los datos barajados por algunos promotores madrileños, en la actualidad entre el 80 y el 90% de las obras de la región entran en contacto con personas que les ofrecen servicios semejantes a los de Valentín. En un principio, las construcciones afectadas pertenecían a grandes empresas que operaban en barrios donde habitaban varios vecinos de etnia gitana. Ahora el problema no distingue ni las zonas ni del tamaño de la constructora. Los datos manejados por la Guardia Civil en 2004 también reflejaban que nueve de cada 10 obras eran extorsionadas.
En su mayoría, los chantajistas son de etnia gitana aunque no es raro que quienes acaben vigilando las obras sean inmigrantes sin papeles, generalmente marroquíes. Estos, a su vez, alquilan las casetas para que duerman en ellas compatriotas. Tanto la Benemérita, como la Policía Municipal y Nacional han desarticulado varias bandas en los últimos años, muchas de las cuales han llegado a tirotearse con la vigilancia privada de edificaciones vecinas.
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