Todos esos casos revelan que la matanza de la Universidad de Virginia sólo tuvo una cosa distinta: el inusualmente alto número de víctimas. Porque, en EEUU, que los niños y adolescentes se líen a tiros entre sí es cualquier cosa menos excepcional. Según el Centro Nacional para el Control de las Enfermedades -un organismo del Estado especializado en salud pública-, en 2004 murieron por armas de fuego 2.822 personas menores de 19 años en EEUU. Un 63,25% de esas muertes se debió a asesinatos, un 28,22% a suicidios y en el 18% restante los fallecimientos fueron atribuidos a accidentes o no se pudo esclarecer la causa. En total, un menor de edad tiene 16 veces más probabilidades de morir a tiros en Estados Unidos que en cualquier otro país desarrollado.

Con 66 millones de personas (un 22% de la población total) con armas, los estadounidenses son una especie de arsenales andantes. Sólo en la zona metropolitana del Gran Washington -cinco millones de personas- se estima que hay más ametralladoras que en la ciudad de Karachi -11 millones-, en Pakistán, famosa por su violencia religiosa y por ser una de las capitales de Al Qaeda. Y eso se produce a pesar de que en el Distrito de Columbia, en el que está el núcleo urbano de Washington, existe una prohibición casi total de tenencia de armas de fuego. Una prohibición que ahora está en el aire, después de que hace un mes un tribunal federal decidiera abolirla.

Y esa proliferación de las armas de fuego tiene un especial impacto en los más jóvenes. Es algo comprensible. En Estados Unidos, hay alrededor de 200 millones de armas, de los que en torno a un 35% -unos 70 millones- son pistolas: fáciles de usar y de esconder y relativamente ligeras. Si los padres no tienen cuidado, los niños se ponen a jugar con las armas de fuego, a menudo cargadas, y el resultado son tragedias cotidianas como las de Iosco y Battlecreek.

En otras ocasiones, la violencia llega a las escuelas. Aunque en eso, como en el caso de los asesinos múltiples, hay diferencias demográficas y hasta raciales. De manera habitual, las matanzas en los centros docentes suelen tener lugar en áreas rurales, mayoritariamente blancas y de clase media. Ése es el caso de Columbine en Colorado. O de la Universidad de Virginia. O de Nikel Mines, en Pensilvania, en el que Charles Roberts se atrincheró en la escuela el 2 de octubre y mató a cinco niñas y dejó a otra en coma antes de suicidarse.

Pero, a pesar de esta proliferación de víctimas entre los más jóvenes, nadie en EEUU cuestiona el derecho de los ciudadanos a tener armas de fuego en casa. La Casa Blanca ya ha declarado que la matanza de Virginia no puede ser utilizada para limitar el derecho de los estadounidenses a poseer armas de fuego. La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el principal grupo de presión a favor de las armas de fuego en EEUU, con cinco millones de miembros, se niega en absoluto a valorar los acontecimientos del lunes «hasta que no se sepan todos los hechos».

Otros grupos no han hilado tan fino. Propietarios de Armas de América, el segundo mayor lobby de poseedores de armas en el país, que acusa a la NRA de «haberse vendido», ha emitido un comunicado, declarando que la Universidad de Virginia «ha sido una víctima del desarme», dado que en el campus estaba prohibida la tenencia de armas de fuego. Según esa tesis -muy extendida en EEUU-, si los profesores tuvieran armas de fuego, no habría matanzas de este tipo. Y es que, para muchos estadounidenses, el problema es que no hay suficientes armas en el país.