Baltasar Garzón trató ayer, sin éxito, de desmentir los datos que acreditan su olvido merced al cual Batasuna ha tenido en sus manos la posibilidad de recuperar 48 herriko tabernas que se le habían embargado. El juez hizo pública una nota en la que trata de presentar como una polémica periodística fruto de informaciones no contrastadas lo que son, sencilla y llanamente, hechos fehacientes de los que tiene constancia el Tribunal Supremo. Con la mala prosa y frivolidad argumental que caracteriza a quien trata de conducir más asuntos de los que puede abarcar, Garzón indica que no ha existido «el más mínimo riesgo de que los bienes embargados por este juzgado, en el ámbito de su jurisdicción penal, hayan corrido el mínimo riesgo» de pasar a otros titulares. Pero si eso fuera como dice, debería explicar por qué simultáneamente notificaba ayer un auto en el que requiere a los Registros de la Propiedad para que le informen «si ha existido algún acto de disposición» sobre las herriko tabernas. Aun más. En ese auto dicta la ratificación del embargo de esos bienes y ordena que los Registros de la Propiedad vuelvan a anotar la prohibición de disponer de los mismos, prueba evidente de que el plazo legal había vencido hacía más de seis meses y necesitaba renovarlo, tal y como denunciaba ayer EL MUNDO.
Pero volviendo al meollo del asunto, lo esencial no es si Batasuna ha dispuesto de las herriko tabernas embargadas -ni él mismo lo sabe-, sino el hecho de que las medidas de embargo se dictan para impedir hacer uso de los bienes señalados, algo que la negligencia de Garzón ha impedido garantizar. Es patético que este magistrado trate de escurrir el bulto con un argumento tramposo. En su nota exculpatoria sostiene que los plazos del embargo caducaron en una fecha en la que él se encontraba de permiso, descargando así la responsabilidad sobre su sustituto, Fernando Grande-Marlaska. Pero, según la Ley Hipotecaria, lo que rige los plazos para el registrador de la propiedad es la fecha de cada asiento, es decir, la anotación concreta del embargo en el Registro, y no la fecha en la que el juez cursa la orden para que se proceda a esa anotación, como sugiere Garzón. De hecho, según los datos que tiene el Supremo, buena parte de los vencimientos se han producido con él como responsable judicial.
Si no fuera suficiente todo ello, EL MUNDO desvela hoy que el Supremo ha detectado «pérdidas patrimoniales» para el Estado durante la administración judicial acordada por Garzón para las herriko tabernas. La deficiente vigilancia de la gestión de estos locales ha permitido que sus titulares hayan desatendido obligaciones frente a terceros, lo que ha dado lugar a ejecuciones hipotecarias, con el consiguiente beneficio para sus autores y en detrimento del Tesoro Público.
Garzón quiso ayer exculparse públicamente, pero tiene motivos para estar nervioso. La realidad es que, en el ámbito jurisdiccional, el propio Tribunal Supremo le ha pedido explicaciones para aclarar el asunto de las herriko tabernas, mientras que en el ámbito disciplinario el CGPJ ha abierto una investigación para conocer el alcance de los errores cometidos por el juez.
Lo que queda patente es el descuido constante de Garzón en asuntos de su juzgado desatendiendo sus obligaciones profesionales en una instutición estratégica para el Estado de Derecho como la Audiencia Nacional. Eso, mientras derrocha tiempo en actividades extravagantes para un magistrado (desde dirigir documentales a hacer entrevistas), por las que recibe gratificantes recompensas. Si lo suyo es el show business, que deje la judicatura.
|
