La CNE argumenta que el grupo italiano está controlado por el Estado y esa circunstancia generaría «ciertos riesgos adicionales» sobre Endesa y «la seguridad pública energética española».

El informe no vinculante aprobado ayer por el consejo del regulador, presidido por Maite Costa, considera que la mejor forma de proteger los intereses del sector energético español, «mientras persista la capacidad de intervención que el gobierno italiano tiene sobre el grupo Enel», es estableciendo medidas que garanticen que la italiana «no prime los intereses propios de la sociedad matriz y del Gobierno italiano en la adopción de decisiones estratégicas que afecten a la actividad de Endesa».

Por ello, la CNE propone al Ejecutivo una versión actualizada de la conocida acción de oro, un sistema ya en desuso que permitía a algunos Gobiernos europeos a intervenir en empresas privatizadas que fueran objeto de operaciones corporativas. De hecho, el Gobierno español ha mantenido en vigor hasta diciembre de 2006 la acción de oro en Endesa. Cuatro meses después, la CNE propone una especie de reactualización de ésta, en lo que fuentes jurídicas consultadas calificaron de «vuelta atrás, poniendo en marcha una nuevo proceso de nacionalización encubierta de una compañía privatizada que volvería al control del Estado tras 10 años como empresa privada».

Pero el regulador del sector energético considera «imprescindible» fijar esta salvaguarda, a efecto de compensar la falta de reciprocidad entre Enel, controlada en un 32% por el Estado, lo que la protege de operaciones hostiles, y Endesa, una compañía completamente privada sobre la que el grupo transalpino y la constructora española Acciona han lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Disensiones

La resolución final aprobada ayer provocó fuertes disensiones en el consejo de la CNE. De un lado, fueron cinco los votos a favor: el de la presidenta, Maite Costa, el del ponente del expediente, José Sierra, nombrado a propuesta del PP, y los de los consejeros Jorge Fabra, Jaime González, cercanos al PSOE, y Sebastiá Ruscadella, próximo al nacionalismo catalán.

En contra de levantar las limitaciones de voto a Enel, aún con la fijación del derecho de veto, votaron los tres vocales propuestos por el PP: Fernando Martí, Javier Peón y María del Carmen Fernández Rozado, que no asistió a la reunión, pero delegó su voto. Por su parte, Luis Albentosa, cercano al PSOE, pidió que se pospusiera la resolución y se abstuvo.

Si el Gobierno atiende la propuesta de la CNE, Enel tendrá derechos políticos en el consejo de Endesa por el 10% que posee, más el 14,9% sobre el que tiene opción de compra, frente al 3% al que quedaría limitada de aplicarse el llamado decreto Rato. Esta norma, cuestionada por Bruselas, limita los derechos de las compañías públicas extranjeras que participen en mercados regulados.

Sin embargo, fuentes cercanas al tándem formado por Enel y Acciona se mostraron satisfechas con la resolución de la CNE, ya que propone eliminar las limitaciones de voto de la italiana. «Éramos conscientes de que algunas condiciones se podrían fijar, ya que es razonable que se establezcan estas salvaguardas, pero es el Gobierno el que tiene que decidir si acepta el consejo de la CNE o no».

Desde Enel se recibió de manera «muy positiva» el informe de CNE, ya que recomienda no limitar sus derechos en Endesa, algo que considera «muy importante», informaron a Europa Press en fuentes de la compañía. La eléctrica italiana, que indicó que «su objetivo» es siempre generar riqueza para las compañías en las que está presente y sus accionistas, así como contribuir a que éstas sean más eficaces, afirmó que desde su posición en Endesa contribuirá a mejorar los intereses de España y a que sean «aún mejores».

Además, Enel mostró su compromiso a informar sobre sus decisiones respecto a Endesa en el mismo momento en que el regulador energético fije los aspectos estratégicos que pueden afectar a los intereses de seguridad pública de España.

De hecho, la Comisión de la Energía entiende que el derecho de veto debería ser aplicable cuando estos intereses «de forma suficientemente motivada y a la vista de la información recabada, se pongan en riesgo por decisiones de Enel». El regulador cree que el Gobierno debería supeditar el pleno ejercicio de los derchos políticos a que Enel se comprometa a informar a la CNE, «cuando ésta lo considere relevante», sobre su estrategia corporativa, siempre que afecte «a los intereses esenciales de seguridad pública de España», añade de nuevo la nota.

Aunque el informe de la CNE no es vinculante, el Consejo de Ministros lo tendrá en cuenta al adoptar su decisión. Además, sienta un precedente de cara al próximo dictamen, éste sí vinculante, que debe emitir el organismo regulador sobre la solicitud de Enel para elevar su participación hasta el 24,9% de Endesa. En este caso, la CNE podría fijar un conjunto de condiciones en aras de garantizar la seguridad del suministro, en virtud de la denominada Función 14 que capacita al regulador a estudiar las operaciones que afecten a las actividades reguladas.

Será este informe el que realmente tendrá que asumir el Gobierno, ya que a diferencia del aprobado ayer, es vinculante. Mientras tanto, el proceso de OPA puesto en marcha por Enel y Acciona sigue su curso, a la espera de que tanto el regulador del sector como la Comisión Nacional del Mercado de Valores den su visto bueno. En el horizonte cercano, la junta de Endesa, que previsiblemente se celebrará en junio, será decisiva.