Fuentes oficiales aseguran que los informes solicitados a las Fuerzas de Seguridad del Estado por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado no muestran pruebas de su vinculación con ETA o con Batasuna.

Los citados informes han cruzado los datos de los promotores y de los dirigentes que figuran en el registro del Ministerio del Interior, sin que se haya encontrado indicio alguno que permita instar a su ilegalización.

«Hay menos pruebas que con el PCTV, están limpios», aseguró a este periódico un miembro del Gobierno.

Tampoco ha habido coincidencias de ninguno de esos nombres con procedimientos o investigaciones judiciales abiertos en la Audiencia Nacional.

Ha habido sólo algunos mínimos datos que han sido investigados y que, siempre según el Gobierno, no permiten actuar.

Por ejemplo, una de las personas que promovieron la pasada semana la presentación de la candidatura trabajó hace años en una herriko taberna o sede social de Batasuna. Este solo hecho no sirve, según el Gobierno, para promover la ilegalización de un partido legal.

Firmantes de candidaturas

Varios promotores de la candidatura fueron firmantes de las candidaturas de Aukera Guztiak, que fueron rechazadas en las últimas elecciones autonómicas vascas de 2005 por ser continuadoras evidentes de la ilegalizada Batasuna.

Sin embargo, la lista de firmantes era de unos 25.000 electores y, por tanto, lo suficientemente amplia como para que no sirva como prueba para el Gobierno de vinculación a una formación ilegalizada.

Además, ANV cuenta con una característica que no la tenía siquiera el PCTV: en sus estatutos hay una renuncia y una condena expresa del terrorismo.

Este partido formó parte de Herri Batasuna, el precedente de Batasuna, pero luego se desgajó. Por eso, algunos de sus militantes formaron parte de HB, pero luego iniciaron una actividad al margen, incluyendo un nuevo congreso en 2002, el último que han celebrado.

Su legalidad está avalada por la indemnización millonaria que recibió del Gobierno de Aznar en la anterior legislatura por los bienes incautados en la Guerra Civil.

Por todo ello, el Ejecutivo renuncia a actuar contra ANV. Sólo podrá hacerlo si en las candidaturas que ha de presentar antes del próximo martes hubiera un número importante de personas vinculadas estrechamente a alguna de las formaciones ilegalizadas.

En ese caso, habría que actuar contra cada una de las candidaturas, según el Gobierno. En ese momento también la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado actuarán contra los centenares de agrupaciones de electores que promueve abiertamente Batasuna.

La posibilidad de que la izquierda abertzale utilizara al PCTV como plataforma se ha diluido ya que este partido no ha realizado el trámite previo para concurrir a esos comicios, autodescartándose así.

El Gobierno barajó también la hipótesis de que Batasuna intentara concurrir a las elecciones en una coalición de las agrupaciones de electores con alguna formación ya legal. Sin embargo, tampoco se ha llegado a esta situación.

Como es sabido, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, instó a la Abogacía del Estado a que se rechace la inscripción de ASB, el nuevo partido que Batasuna pretendió ilegalizar en marzo.