Hernando -cuyo nombre ha adquirido relieve en los últimos meses en relación con los atentados del 11-M, ya que la unidad que dirige se encargaba de controlar a uno de los implicados, Rafá Zouhier- se enfrenta a una petición de pena de dos años de prisión y cinco de inhabilitación como presunto cómplice de un delito de malversación de fondos públicos por los pagos a Amedo y Domínguez.

Según el fiscal, Hernando se desplazó a Ginebra por orden de Vera transportando en maletines un total de 150 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados que las mujeres de Amedo y Domínguez, María Angeles Acedo y Alicia Sánchez, ingresaron en cuentas abiertas en Union de Banques Suisses (UBS). Hernando, que viajó acompañado del también acusado Aníbal Machín (que ayer se acogió al derecho a no declarar), habría realizado tres desplazamientos: en octubre de 1989, enero de 1990 y septiembre de 1990.

El coronel admitió haber estado en Suiza en varias ocasiones, «pero no en esas fechas». Añadió que en aquella época viajaba frecuentemente «para contactos con servicios extranjeros enmarcados en la lucha antiterrorista y entrevistar a confidentes e incluso a algún miembro que fue de bandas terroristas».

Ordenes ilegales

«¿Alguno de esos viajes tenía por objeto realizar pagos?», le preguntó el fiscal Luis Rodríguez Sol. «A algunos viajes sí sabía a qué iba y en otros era un simple correo que llevaba y traía sobres cuyo contenido no sabía», contestó Hernando. En todo caso, no tuvo conciencia de haber recibido ninguna orden ilegal «ni la hubiera ejecutado».

Hernando se describió como «simple correo» y Juan de Justo, el secretario personal de Vera, como «mero intermediario». El fiscal atribuye a De Justo, para quien pide cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación, un papel relevante en la trama presuntamente montada para que Amedo y Domínguez no delatasen a sus superiores en los GAL.

El Ministerio Público sostiene que De Justo se encargó personalmente de entregar a las esposas de los ex policías pagos mensuales que llegaron a totalizar una cantidad cercana a 30 millones de pesetas para cada una desde que sus maridos ingresaron en prisión por orden del juez Garzón (verano de 1988) y hasta que Vera fue cesado como número dos de Interior (enero de 1995). Además, y en lo relativo a los pagos adicionales en Suiza, habría realizado un viaje en febrero de 1991 para el último pago de 50 millones de pesetas.

De Justo afirmó que Acedo y Sánchez acudían con habitualidad al Ministerio «no a visitarme a mí, sino a Vera... y luego a Antonio Asunción». Según él, Rafael Vera «siempre recibía a cualquier esposa de miembros de las Fuerzas de Seguridad que estuvieran procesados o en prisión».

De Justo tuvo que admitir (hay facturas del hotel) que viajó a Ginebra en febrero de 1991, extremo que había negado en su declaración sumarial. Pero rechazó que fuera a entregar dinero a las dos mujeres, que se alojaron en el mismo establecimiento. «No tengo conciencia de haber coincidido con ellas», dijo.

Aseguró que Garzón le envió a prisión el 9 de enero de 1995 tras presionarle, sin éxito, para que admitiese la existencia de los pagos a Amedo y Domínguez y culpase a Vera. «Si está dispuesto a cambiar lo que me ha dicho, usted se va a casa», dice De Justo que le dijo Garzón esa noche, olvidando el tuteo que habían mantenido hasta unos meses antes en el Ministerio del Interior, donde Garzón fue secretario de Estado tras pasarse a la política en las filas del PSOE.

Amedo, Domínguez y sus esposas también denunciaron «presiones», «coacciones» y «amenazas» de Garzón y se desdijeron de las declaraciones que prestaron ante este juez, en las que relataron los pagos, aportaron los justificantes de las visitas a Interior, los sobres que contenían el dinero e incluso el maletín que De Justo llevó a Suiza.